Impugnan sanción por delitos ambientales

Por considerar que la sanción que se aplicaría por delitos ambientales es excesiva, según la reforma aprobada por el Congreso del Estado al Código Penal de Jalisco, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR) interpusieron acciones de inconstitucionalidad.

Ambas demandas fueron notificadas al pleno del Poder Legislativo el 18 de enero para que los diputados emitan su informe ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las acciones de inconstitucionalidad, que quedaron bajo los números 155/2017 y 156/2017, se acumularon en un solo expediente. Los diputados modificaron varios artículos del Código Penal, pero sólo fueron impugnados los cambios al artículo 295.

Según se puede leer en la demanda presentada por la CNDH, la sanción prevista en ese artículo “resulta violatoria de los principios de proporcionalidad de las penas y de legalidad, así como del derecho de seguridad jurídica”.

El artículo se refiere a la aplicación de las penas por delitos ambientales, las cuales aumentaron de uno a nueve años de prisión y multa de 5 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA). Antes de la reforma, la sanción era de uno a tres años de prisión y multa de 5 mil veces el valor diario de la UMA.

Esa parte del texto no fue cuestionada por los organismos nacionales. Sin embargo, consideran que la última parte, en la que se establece que quienes incurran en este delito se harán además acreedores a “la inhabilitación definitiva para contratar con la administración pública”, no es proporcional a la falta. Antes, la sanción era por un lapso de seis años.

La reforma fue aprobada por los diputados el 19 de octubre y publicada en el periódico oficial El Estado de Jalisco el 11 de noviembre de 2017.

En la acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH acepta que “las conductas delictivas que perjudican al medio ambiente cada vez ocasionan más daños y la recuperación del mismo resulta más compleja, poniendo en riesgo la sustentabilidad de las futuras generaciones”.

Por ello, reconoce la reforma que llevaron a cabo los diputados y la obligación del estado de tomar las medidas adecuadas, como la aplicación de sanciones. Sin embargo, también señala que estas conductas no deben ser castigadas “pasando por alto los principios y derechos consagrados en nuestra norma suprema”.

La iniciativa de reforma fue presentada por los diputados del Partido Verde Ecologista de México Omar Hernández Hernández, Erika Lizbeth Ramírez Pérez y Sergio Martín Arceo García, y se reformaron los artículos 290, 291, 292, 294, 295, 296 y 297 del Código Penal.

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“(Las sanción) resulta violatoria de los principios de proporcionalidad de las penas y de legalidad, así como del derecho de seguridad jurídica”
Argumento de la CNDH

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