El sistema anticorrupción y su autonomía administrativa

Nuestras autoridades han presumido, cada que tienen oportunidad, el reconocimiento a Jalisco por la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SAE). El avance que se logró, al nombrar prácticamente a todos los responsables, ha sido mencionado por especialistas en el tema y por quienes están a cargo de los sistemas nacional y de otras entidades.

Hasta la falta de un magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y el espacio que quedó en el Comité de Participación Social (CPS), por la salida de Mara Robles para ser candidata a diputada, se ha tomado como parte natural del proceso y detalles de los que no hay que preocuparse.

El problema es que, en la práctica, no todo ha sido miel sobre hojuelas. Ya en la puesta en marcha del sistema, los temas que podrían parecer cotidianos se han convertido en un obstáculo. Se trata de asuntos administrativos, de presupuesto, sobre el personal y hasta sobre las sedes.

Un ejemplo claro de esto es lo sucedido con la Fiscalía Anticorrupción. Cuando finalmente los diputados se pusieron de acuerdo para nombrar a su titular, Gerardo de la Cruz, surgió un incidente al hablarse de que todavía no tenía presupuesto ni oficina para empezar a trabajar, lo que le valió algunos cuestionamientos.

El problema es que estas nuevas áreas, una vez que se nombró a sus titulares, se han encontrado con la tradicional burocracia que no les permite trabajar de manera plena. El desinterés que se ha mostrado por los responsables hasta ahora parece casual, pero de mantenerse podría ser grave.

En el Presupuesto de Egresos de 2018 se dispuso de 40 millones de pesos para el Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) de Jalisco. La bolsa parece importante, si se toma en cuenta que es el arranque, pero de ahí tendrá que salir el dinero para todas las áreas.

De ese presupuesto, por ejemplo, tendrá que salir la nómina del CPS y la Fiscalía Anticorrupción, para lo cual se aprobaron 16 plazas; de éstas, cinco serán para la el CPS, cinco para la Secretaría Técnica y seis para la Fiscalía Anticorrupción.

En las seis de la Fiscalía debemos descontar una, que es la del propio fiscal. El resto son un ministerio público, un secretario, un actuario, un notificador y una secretaria particular. Es decir, más que una fiscalía, tenemos poco menos que una agencia del Ministerio Público. Y tal vez ni eso, porque en las agencias los MP trabajan 24 horas por 48 de descanso. Esperemos que la plantilla pueda ampliarse conforme aumente la carga de trabajo.

Ayer el fiscal Gerardo de la Cruz acudió al Congreso del Estado para comenzar a recabar información sobre las primeras dos denuncias que recibió, relacionadas con las irregularidades en la Secretaría de Salud, durante la gestión de Antonio Cruces Mada, y sobre la construcción de la Ciudad Creativa Digital. Parece que está dispuesto a trabajar, mientras las autoridades resuelven los requerimientos mínimos.

Sobre la sede, ya se aclaró que no era una buena señal que se instalara en la Fiscalía General, por lo que se busca un espacio, con todo lo que implica amueblar, redes de voz y datos, contratos de servicios, entre otros temas. Aquí dependerá de la Subsecretaría de Administración del gobierno del estado.

El resto de los funcionarios nombrados para la Auditoría Superior del Estado y la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa se incorporó a las estructuras ya existentes, donde también ha encontrado dificultades administrativas y sobre el personal, pero también las ha ido sorteando.

La autonomía del sistema es importante, por lo que ésta no puede mermarse con problemas de esta índole. No sólo es necesario tener a los titulares, sino que antes de pararse el cuello, nuestros políticos garanticen que el sistema va a caminar.

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