La campaña más sangrienta

Las cifras son contundentes (y alarmantes): en lo que va del proceso electoral iniciado en septiembre del año pasado, los candidatos o precandidatos a cargos de elección popular han recibido agresiones en 175 ocasiones en total; por desgracia, en 80 de ellas los políticos han sido asesinados. La más reciente fue la del alcalde con licencia y candidato a la reelección por el municipio de Jilotlán de los Dolores, Juan Carlos Andrade Magaña, de Movimiento Ciudadano. En total, en lo que va del sexenio han sido asesinados 29 alcaldes en la República mexicana (cantidad que no rebasa los 38 victimados durante el sexenio de Felipe Calderón).

Estas cifras fueron reveladas en el tercer Informe de Violencia Política en México 2018, elaborado por la consultora Etellekt. De acuerdo con el reporte, las agresiones incluyen asesinatos, secuestros, asaltos violentos, agresiones y lesiones, heridos con arma, agresiones con arma de fuego, intimidaciones y amenazas, así como atentados contra familiares. Lo significativo es que el estudio establece que en 80 por ciento de los casos de los asesinatos se sospecha la participación del crimen organizado; se desconocen los motivos reales de los atentados, aunque es posible suponerlo.

Participar en política, ser político o tener un cargo en la administración pública u ocupar un cargo de elección popular en México significa la posibilidad de participar directa o indirectamente en la toma de decisiones en la distribución y el destino de los presupuestos en alguno de los tres órdenes de gobierno o de los tres poderes públicos o en organismos constitucionales autónomos. Influir en los tomadores de decisiones soplándoles al oído; atenderlos con comidas y regalos; hacer contribuciones a sus campañas políticas, asociarse en negocios lucrativos; en fin, beneficiarse de su cercanía.

Por otro lado, un grupo de delincuentes beneficiario de negocios al margen de la legalidad, como el cultivo, producción y tráfico de enervantes, el robo de hidrocarburo y de mercancías, y otros delitos, ven en los candidatos o autoridades electas la posibilidad de comprometerlos para la protección de sus inversiones, pero ya entrados en materia, entrarle también al negocio de la mochada comúnmente denominada el diezmo. De no ser así, ocurre lo que bien decía el empresario chino naturalizado mexicano Zhenli Ye Gon: “Copelas o cuello”.

Los estados donde más se han dado las agresiones a candidatos y políticos (casi 70 por ciento) son Guerreo, Oaxaca, Puebla, Veracruz y el Estado de México. Si consideramos que otra de las actividades del crimen organizado es tener “a sueldo” algunos elementos de las fuerzas policiacas locales, es natural la mala percepción de la ciudadanía de la efectividad sus autoridades para combatir la inseguridad (24.6 por ciento), como lo demuestran los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana divulgada en días pasados por el Inegi.

Si ya de por sí las actividades delictivas del crimen organizado son amenazas serias para la democracia mexicana –sostenida con alfileres y cinta adhesiva chafa–, el intento de influir no sólo en los candidatos, sino también en los funcionarios públicos cuando hayan logrado llegar a los cargos por los que compitieron, vulnera con mayor fuerza las instituciones democráticas, el estado de derecho y, por ende, la gobernabilidad.

Por su parte, los candidatos recetan curitas y soluciones mágicas para confrontar a la delincuencia organizada y reducir la inseguridad pública. Se entiende que tal vez éste es el tema más álgido y escabroso para proponer argumentos inteligentes y funcionales dado su dimensión y extensión. Pero será, para el candidato que logre alzarse con el triunfo electoral, un problema insoslayable. Intentando conseguir su legitimidad, Calderón abrió la caja de Pandora del narcotráfico. ¿Qué se le ocurrirá al ganador del proceso electoral en ciernes?

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JJ/I