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El sistema anticorrupción enfrenta resistencia: Merino

EL LLAMADO. “No son policías, dejen de estar persiguiendo para ver a quién castigan, a quién pescan, a quién someten”, pidió Mauricio Merino ante compañeros de la ASF. (Foto: Especial)

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), enfrenta resistencias políticas e inercias burocráticas que han frenado su avance, señaló el doctor Mauricio Merino Huerta, durante el vigesimotercer Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD) 2018, que tiene lugar en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas (CUCEA).

Merino Huerta, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), participó, junto con otros especialistas, en el panel El nuevo régimen de combate a la corrupción en México: visión a partir de la fiscalización superior.

“Este sistema está enfrentando resistencias políticas. Se ha enfrentado a la captura de los puestos públicos y a la necedad de que los magistrados o los funcionarios públicos o las personas que integran el Comité de Participación Ciudadana han de responder a ciertos intereses políticos, eso es una necedad. Tanto, que no hay fiscal anticorrupción porque la política lo ha impedido, y tampoco se han nombrado magistrados de lo administrativo por la misma razón”, subrayó.

“Y en segundo lugar, se está enfrentando a las inercias burocráticas, la gente aprende a hacer ciertas cosas y luego las repite y no acaban de darse cuenta de que cambió la jugada constitucional y legal. No se dieron cuenta porque esta reforma no emanó de las oficinas públicas, sino que vino de la academia y de la sociedad civil. Como no fue su reforma, no acaban de entenderla”.

El investigador recordó que de las últimas grandes reformas constitucionales de este siglo se ha derivado un amplio abanico de leyes generales, federales y locales que obligan a las autoridades a considerar distintos aspectos como documentar todo acto, registrar todo gasto, justificar y explicar las decisiones; archivar, publicar y crear sistemas de inteligencia institucional para corregir procedimientos proclives a la corrupción, y ejercer transparencia proactiva, entre otras. “Esto no se hace de forma completa en las instituciones”, dijo.

Los compañeros de las auditorías “deben quitarse la cachucha de policía. No son policías, dejen de estar persiguiendo para ver a quién castigan, a quién pescan, a quién someten. Eso es un grave error que se ha venido cometiendo en el pasado. Su labor no es perseguir, su labor es corregir, detectar lo que del sistema que acabo de enunciar no funciona para generar lo que llamamos inteligencia institucional”, sentenció.

El auditor especial del Gasto Federalizado, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Emilio Barriga Delgado, coincidió en que se debe erradicar ese punto de vista policial.

 “Aumentamos cada año la muestra auditada. Decían: ‘vamos a aumentar más y más’, y se apostaba a la cantidad y se sacrificaba la calidad de las auditorías en esta lógica policiaca de que no importa qué tan jurídicamente estén sustentadas las auditorías. Ponle una responsabilidad y un monto, y luego veremos si únicamente procede, o no procede”, dijo.

Esto generó que aumentaran las cifras en las presunciones de desvío de recursos y se incrementaran los asuntos pendientes por solventar (así se le llama al plazo para que las autoridades con observaciones presenten documentación que aclare las presuntas anomalías).

 Por ejemplo, a la llegada del nuevo titular de la ASF encontraron 13 mil acciones sin solventar, de los últimos cinco años. Para corregirlo se modificó el reglamento interior de la ASF y se integró una nueva Auditoría Especial de Seguimiento que apoyara a las otras áreas del organismo.

 El auditor superior de Jalisco, Jorge Alejandro Ortiz Ramírez, realizó un recorrido histórico sobre la materia de fiscalización superior desde Confucio, hasta la Declaración de Lima de 1977, en la que los países participantes se pronunciaron por la autonomía técnica y de gestión de los organismos que auditan.

 A su vez, el director de Auditoría de Desempeño, Edgar Estuardo Gómez Morán, ponderó la valía de que se realicen estas evaluaciones de desempeño en las dependencias públicas.

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FRASES

“Este sistema está enfrentando resistencias políticas. Se ha enfrentado a la captura de los puestos públicos y a la necedad de que los magistrados o los funcionarios públicos o las personas que integran el Comité de Participación Ciudadana han de responder a ciertos intereses políticos, eso es una necedad”
Merino Huerta, investigador del CIDE

“Porque los órganos de fiscalización no pueden aspirar a revisar el poder si no tienen distancia o son ajenos al Poder Ejecutivo”
Jorge Ortiz Ramírez, auditor superior de Jalisco

“La finalidad no es detectar desvíos o irregularidades, sino emitir recomendaciones. La contribución de estas revisiones es mejorar el entorno organizacional”
Edgar Estuardo Gómez Morán, director de Auditoría de Desempeño

Los gobiernos están rezagados ante el cambio

Mientras las sociedades han tenido avances notables en muchas áreas, los gobiernos y sus administraciones públicas se han quedado rezagados respecto a esos cambios y no han podido responder con la eficacia, celeridad y equidad necesarias para estar a la altura de las exigencias, señaló la investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), perteneciente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María del Carmen Pardo López.

Al participar en la presentación del libro Tendencias del gobierno y de la administración pública, como parte de las actividades del vigesimotercer Congreso Internacional del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), la autora del capítulo Administración pública, clave de la gobernanza, dijo estar convencida de que una manera de que los gobiernos y sus administraciones puedan posicionarse es estar a la altura de estas exigencias, tratando de fortalecer a las administraciones públicas como una pieza clave de la gobernanza.

EL CAMBIO. María del Carmen Pardo López aseguró que las autoridades deben fortalecer a las administraciones públicas como una pieza clave de la gobernanza.
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“Utilizar el poder del Estado en una lógica democrática, reconociendo a la política como una aliada y no como algo pernicioso y ajeno a las prácticas administrativas. Estoy convencida de que la administración pública se debe reconocer como un recurso valioso para la gobernanza, porque a partir de eso podemos diseñar políticas públicas, implementarlas y evaluarlas mejor”, señaló.

El secretario general de El Colegio de Jalisco y egresado de la Universidad de Guadalajar (UdeG), Roberto Arias de la Mora, señaló que en su capítulo titulado Tendencias de la gobernanza metropolitana, una reflexión desde México, plantea la necesidad de ver los fenómenos metropolitanos como una oportunidad que se tienen que dar gobernantes, servidores públicos y sociedad para repensar el territorio como una variable de gobierno y de gestión.

“Al repensar algunos preceptos constitucionales que nos parecen rebasados y obsoletos, concretamente frente al fenómeno metropolitano, lo que tenemos en nuestro país es una intromisión al orden interno de los Estados con esa prohibición constitucional de que no pueden existir gobiernos o autoridad intermedia entre el gobierno del Estado y los municipios, es una cuestión de discusión política”, apuntó.  

Publicación

El libro contiene 11 capítulos y es el resultado de los trabajos de académicos mexicanos reconocidos en las áreas especializadas de gobierno y administración, temas de interés para funcionarios y académicos de Iberoamérica

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FRASE

“En esta publicación se ofrece a los participantes una visión general de lo que se realiza en México para afrontar los problemas, así como los avances y retos que tenemos por delante”
José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector del CUCEA

Plan de Austeridad de AMLO tiene huecos

Aunque de entrada responde a una necesidad legítima, el plan de austeridad del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene huecos. Señalaron especialistas, quienes explicaron que no dice nada sobre evaluación del desempeño, profesionalización de la administración pública y carece de un diagnóstico claro que conecte con los 50 puntos de esa propuesta.

 Lo anterior fue analizado en el panel El plan de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, moderado por la doctora Mara Robles Villaseñor, diputada local del Congreso de Jalisco.

CONFERENCIA. Mara Robles Villaseñor, diputada local del Congreso de Jalisco, fue la moderadora del evento.
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 En las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), también coincidieron que el documento de 50 puntos parece más una declaratoria política con valor simbólico, que una propuesta técnica, e implica una paradoja: está mezclado con un discurso hostil contra los empleados del Estado, el cual, es el instrumento para cumplir muchas de las promesas de campaña.

 Fernando Nieto Morales, profesor de El Colegio de México, indicó que los dos grandes temas son cómo se gasta menos en la burocracia, y cómo hacerla más eficiente y dotarla de cierto sentido de justicia social.

Guillermo M. Cejudo Ramírez, secretario administrativo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), indicó que la corrupción, el dispendio y los abusos de la élite política son identificados por la gente como problemas serios, al igual que los privilegios indebidos y el desapego de la élite burocrática hacia la población, y la necesidad de hacer más eficiente el gasto público.

  La doctora Mariana Chudnovsky, investigadora de la División de Administración Pública del CIDE, expuso que el debate del empleo público no es de salarios ni de cantidad de horas, pues eso sólo es la punta del iceberg donde conviven dos burocracias: los de la élite, que representan 2 por ciento del empleo público a nivel federal mexicano, y los de base, que tienen estabilidad y son sindicalizados.

 Además dijo que la descentralización de las dependencias, no es sinónimo de cercanía y acceso.

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 FRASE

“El reto de la administración entrante no es el de una reconstrucción política, sino un reto de políticas públicas que reduzcan la impunidad y la corrupción y que mejore los servicios”
Alejandro Poiré, decano de Transformación Pública del ITESM

JJ/I