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A raíz de las denuncias por presuntas irregularidades en torno a la licitación del programa A Toda Máquina, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE) de Jalisco dio curso al proceso de investigación.
Durante la primera sesión extraordinaria del año por parte del comité, ayer se dio luz verde a la propuesta de acuerdo para la actuación de los miembros del comité ante la licitación pública local LPL 01/2019.
Hasta el momento se han presentado tres denuncias ante la Contraloría del Estado por el arrendamiento de maquinaria para el campo para la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), contrato que ascendió a más de 3 mil 634 millones de pesos a favor de la empresa Operadora de Servicios Mega SA de CV, Sofom ER, cuyo propietario es el empresario Guillermo Romo Romero, quien acompañó a fines de febrero al gobernador Enrique Alfaro Ramírez y la diputada Mirza Flores Gómez a ver en las primeras filas un partido de basquetbol de los Lakers de Los Ángeles.
El primer recurso ante la Contraloría estatal lo presentó el presidente de la asociación Contraloría Ciudadana Independiente, Jorge Carlos Ruiz Romero; el segundo lo promovió el ciudadano Álvaro Quintero, y otro lo interpuso el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“En la Contraloría recibimos las denuncias y se nombra el área que va a sustanciar esta investigación, ya lo hice, nombré a la Dirección de Área de Denuncias; y luego ahí se emitió un auto de avocamiento, es decir, el análisis, y es cuando se está pidiendo información; entonces estamos cursando la investigación derivada de tres denuncias”, explicó la contralora estatal, Teresa Brito Serrano.
Respecto a los diputados de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Acción Nacional (PAN) que advirtieron la presentación de más recursos por presuntas inconsistencias en el proceso de licitación de A Toda Máquina, “por ahí sé que en tribuna (del Congreso del Estado) se leyeron algunos puntos de acuerdo, no sé si en primera lectura, pero si es el caso de que se aprueben en segunda lectura y se envían a la Contraloría, los sumaremos al mismo proceso porque eso hicimos con las tres denuncias, las acumulamos y las estamos manejando así”, apuntó la titular de la Contraloría.
De los cuestionamientos sobre la imparcialidad de la Contraloría por estar a cargo del Ejecutivo estatal, Teresa Brito comentó: “Estamos dando el seguimiento puntual que marca la ley general de responsabilidades y la legislación estatal en la materia. Permítanme decirlo así: No hay pierde, la Contraloría se sujeta a lo que marca la ley”
En primera instancia, la Sader y la Secretaría de Administración fueron requeridas para que proporcionen información sobre el tema.
REPITEN CONVOCATORIA
Para el nombramiento de los titulares de cuatro direcciones de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado, el Órgano de Gobierno determinó ayer volver a lanzar las respectivas convocatorias.
Luego del reclamo de organizaciones civiles que señalaron falta de transparencia y posible reparto de cuotas, se reiniciará el proceso.
Las vacantes en la secretaría son para las direcciones de Políticas Públicas, Inteligencia de Datos, Coordinación interinstitucional y Desarrollo de Capacidades.
“Estamos dando el seguimiento puntual que marca la ley general de responsabilidades y la legislación estatal en la materia” Teresa Brito Serrano, titular de la Contraloría
“Estamos dando el seguimiento puntual que marca la ley general de responsabilidades y la legislación estatal en la materia”
Teresa Brito Serrano, titular de la Contraloría
José de Jesús Hurtado Torres, diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por el aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, en la licitación del programa A Toda Máquina.
La relación de amistad del gobernador Enrique Alfaro Ramírez con el empresario Guillermo Romo Romero, propietario de Operadora de Servicios Mega, ganadora de la licitación, y el que Mariel Rodríguez Printzen haya sido representante de las dos empresas finalistas en el concurso, son situaciones que el diputado considera como constitutivas del delito.
El legislador expuso que su denuncia tiene sustento legal en el artículo 152 del Código Penal de Jalisco, el cual describe el delito como el “uso ilícito de atribuciones y facultades a quien otorgue por sí o por interpósita persona en el desempeño de su empleo, cargo o comisión; contratos, concesión, permisos, licencias (o) autorizaciones”.
El diputado dijo que tiene una “gran esperanza en la fiscalía anticorrupción” y pronosticó que, ahora más que nunca, está a prueba, pues le tocará atender un asunto relacionado directamente con el Ejecutivo estatal.
“Realmente aquí es donde se va a estrenar la fiscalía anticorrupción y vamos a ver de qué está hecha”, añadió sobre la dependencia encabezada por Gerardo de la Cruz Tovar.
Por su parte, el fiscal anticorrupción aseguró que se atenderá el tema.
Precisó que la denuncia presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) ya generó una carpeta de investigación a partir de la que se giraron oficios para obtener información de las dependencias involucradas y, sobre todo, el expediente de la licitación. A esa carpeta se añadirá la denuncia del diputado. Adrián Montiel
JJ/I