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Sin licitar, gobierno compra medicinas

NOSOCOMIO. El Hospital Civil de Guadalajara es una de las instituciones que requirió de insumos adquiridos a Dimesa. (Foto: Jorge Alberto Mendoza)

El gobierno estatal, a través del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco, otorgó un contrato por casi 300 millones a Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipos Médicos, SA de CV (Dimesa), empresa vetada por la administración federal debido a sospechas de corrupción y tráfico de influencias.

El 28 de diciembre de 2018, en pleno periodo vacacional, María del Consuelo Robles Sierra, directora general del OPD, firmó el contrato derivado del Acuerdo de Adjudicación Directa número SSJ-DGA-DRM-DADQ-044-2018, mediante el que se le concede a Dimesa la prestación del “servicio integral de administración de farmacias y adquisición de medicamentos, material de curación y suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, antimicrobianos y nutrición parenteral”.

El contrato establece que éste tendrá vigencia para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019, o hasta que los servicios e insumos entregados alcanzaran un monto de 285 millones 274 mil 792 pesos. La posibilidad de ampliar los términos del convenio quedó abierta.

El alcance de la adjudicación es la dotación de alrededor de 900 claves de medicamentos, 176 tipos de insumos de curación, bombas de infusión portátil para jeringas, bombas de infusión volumétricas y electrónicas; mezclas de medicamentos oncológicos, antimicrobianos y nutrición parenteral para distribuirse en más de 500 establecimientos médicos de todo el estado, incluyendo centros de salud, institutos especializados, hospitales regionales y de alto nivel, entre los que se incluyen, por mencionar algunos, el Hospital Civil de Guadalajara, el Hospital General de Occidente y el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos.

El pago a la compañía, estipula el contrato, se dará tras la comprobación de la empresa al Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), generalmente conocido como Seguro Popular, de la entrega de los productos y servicios.

BAJO LA LUPA POR FAVORITISMO

Según el informe Compra consolidada de medicamentos y material de curación IMSS-ISSSTE, 2012 -2018, realizado en febrero por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Dimesa fue la tercera compañía que más recursos recibió por adquisiciones para ambas instituciones de salud durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

En ese sexenio se destinaron más de 335 mil 342 millones de pesos a estos conceptos: 303 mil 76.6 millones a la compra de medicamentos y 32 mil 265.3 millones para material de curación.

En el primer rubro, las compañías más favorecidas fueron Grupos Fármacos Especializados, SA de CV, o Grufesa (con compras por más de 106 mil millones, 35.2 por ciento del total), Farmacéuticos Maypo, SA de CV (más de 35 mil millones o 11.6 por ciento) y Dimesa (34 mil 620 millones, 11.4 por ciento).

En lo referente a los insumos para curación, Dimesa fue la segunda en la lista de empresas con contratos más jugosos. Mientras Dentilab, SA de CV obtuvo más de 3 mil 94 millones de pesos (9.6 por ciento de las ventas totales), Dimesa se quedó con más de mil 984 millones (6.1 por ciento).

En conjunto, la compañía recibió en el sexenio peñanietista más de 36 mil 604 millones de pesos. Para dimensionar la magnitud del monto, este equivale a dos veces el presupuesto del estado de Colima para el año en curso.

Derivado de esto, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se emprendería un nuevo esquema de compras de medicamentos por parte de la administración federal.

“Tres empresas le vendieron al Seguro y al ISSSTE 36 mil millones de pesos. Está muy concentrado todo. Entonces, de una vez lo adelanto: no solamente van a ser compras compactas, no sólo se va a buscar que se compren todos los medicamentos de las instituciones de salud del gobierno en compras consolidadas, sino, si se necesita, lo estamos analizando, van a ser licitaciones internacionales con supervisión de la ONU. Es mucho lo que se pierde, lo que se fuga, en el sector salud”, enunció en su conferencia de prensa matutina del 12 de marzo de 2019.

Una semana después, el 20 de marzo, el presidente dirigió el oficio 009/03/2018 a Raquel Buenrostro Sánchez, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que le solicitó que tanto Dimesa como Grupos Fármacos Especializados y Farmacéuticos Maypo quedaran excluidas de cualquier participación en los próximos procesos de compras efectuados por la administración federal.

“Le solicito que de conformidad con la legalidad de la materia, se impida la participación en licitaciones o adjudicaciones directas a estas empresas, hasta que sepamos, a ciencia cierta, si no hubo en estas operaciones corrupción y tráfico de influencias”, se expuso en el documento. Días después, el 8 de abril, el presidente anunció oficialmente el veto en su conferencia matutina.

Las últimas dos empresas interpusieron un amparo ante el anuncio, obteniendo resultados favorables. Dos jueces en materia administrativa les otorgaron suspensiones –de índole definitiva a Grufesa y provisional a Maypo– al considerar que eventuales prácticas monopólicas o de corrupción tendrían que ser investigadas –y comprobadas– antes de que se les prohíba la participación en licitaciones o adjudicaciones.

No obstante, la SHCP continuó con la implementación de un nuevo modelo de compras, mismo que se aplica desde el recién comenzado procedimiento de licitación pública para cubrir la demanda de medicamentos y material de curación de 22 estados del país para el segundo semestre de 2019. La licitación se abrió a escala internacional y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) revisa la posibilidad de ampliar el número de fármacos con autorización para su uso y distribución.

Un historial auditado

Dimesa logró mantenerse como proveedor durante la actual administración estatal a pesar de mantener un historial de sobresaltos.

En 2013, cuando recién comenzaba el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Dimesa ya se había visto envuelta en la polémica cuando Carlos Lomelí Bolaños, propietario de la farmacéutica Lomedic y actual delegado de Programas Sociales del gobierno federal en Jalisco, le acusó de ser favorecida por ese gobierno estatal al otorgarle contratos para el surtimiento de farmacias del Seguro Popular a pesar de que su empresa –que prestaba el servicio previamente– ofrecía precios más bajos.

Durante 2017, cuando Antonio Cruces Mada se encontraba al frente de la cartera de salud y Dimesa ya había obtenido el contrato, se presentó una crisis de desabasto de medicamentos que afectó a usuarios y derechohabientes en prácticamente todos los rincones del estado, llegando en algunos momentos hasta una disponibilidad de sólo 60 por ciento de las claves con que se debería contar.

Aunque para mejorar el servicio se buscó lanzar una nueva licitación para sustituir los servicios prestados por la empresa Dimesa, ésta interpuso una serie de recursos legales ante el Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE) toda vez que la dependencia estatal mantenía adeudos por compras realizadas para 2016.

El tribunal determinó, mediante la emisión de medidas precautorias, que no se podía abrir una nueva convocatoria debido a la incertidumbre que le generaría a la empresa la posibilidad de recuperar los ingresos que le correspondían, por lo que se inició un proceso de negociaciones con la compañía para reestructurar la deuda, mismo que concluyó en 2018.

En febrero de ese año, el entonces secretario de Salud, Alfonso Petersen Farah, aseguró que la compra de medicamentos a Dimesa –que entonces rondaba los 70 millones de pesos por mes, monto inferior a la adjudicación hecha en diciembre– no resultaba conveniente toda vez que en el mercado existía disponibilidad de medicamentos e insumos a precios más bajos a los ofrecidos por la compañía. Darío Pereira

NÚMERO

285 millones 274 mil 792 pesos es el monto del contrato firmado con Dimesa

Los tiempos

  •  El contrato firmado con Dimesa establece una vigencia del 1 de enero al 31 de marzo de 2019, o hasta que los servicios e insumos entregados alcanzaran un monto de 285 millones 274 mil 792 pesos
  •  El veto a Dimesa, Grupos Fármacos Especializados y Farmacéuticos Maypo, se solicitó a la Secretaría de Hacienda el 20 de marzo
  •  La restricción fue dada a conocer el 8 de abril por el presidente

¿Qué servicios brinda?

  •  Servicio integral de administración de farmacias
  •  Adquisición de medicamentos
  •  Material de curación
  •  Suministro de mezclas de medicamentos oncológicos, antimicrobianos y nutrición parenteral

EN RIESGO. Algunos de los enfermos por la enterobacteria se encuentran en el Hospital General de Occidente.
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Adjudicación incluyó la compra de NPT

La adjudicación a Dimesa incluyó la compra de bolsas y sustancias con las que se producen las mezclas de nutrición parenteral total (NPT), mismas que se encuentran bajo sospecha de ser causantes de un brote de infecciones en el torrente sanguíneo (ITS) provocadas por estar contaminadas con la enterobacteria Lecrercia adecarboxylata.

Hasta el último corte, 62 pacientes de Jalisco se habían visto afectados por el brote; sin embargo, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) calcularon que el número podía subir pues, al menos, a 204 personas se les suministró NPT desde el 13 de mayo.

Los insumos comprados a Dimesa en la adjudicación, según se especifica en el anexo que los enlista, son en su mayoría de marca PiSA, mismo conglomerado del que es subsidiaria la empresa SAFE, que hace las mezclas.

En su página web, SAFE especifica que cuenta con 17 centros de mezclas en 15 entidades del país (Jalisco, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán). Las autoridades federales advirtieron que sus productos han sido distribuidos en múltiples entidades federativas.

Hasta el momento, 11 hospitales jaliscienses se han visto afectados por el brote. De éstos, cinco forman parte de los cientos de establecimientos surtidos por Dimesa: las unidades Fray Antonio Alcalde y Juan I. Menchaca del Hospital Civil de Guadalajara (HCG), el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, la Unidad Especializada en Atención Obstétrica y Neonatal de Guadalajara y el Hospital General de Occidente (HGO o Zoquipan).

NÚMERO

62 pacientes de Jalisco han sido afectados por el brote de Lecrercia adecarboxylata

11 hospitales presentan casos

JJ/I