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Apuesta de campaña
El voto despojando afores
En mayo, el diputado Salvador Caro Cabrera dijo que saber o escuchar de la renuncia, retiro o separación voluntaria de un magistrado de su cargo era como “un bálsamo para nuestros oídos”. Anteayer, de manera tajante, el legislador del partido Movimiento Ciudadano consideró que los magistrados Celso Rodríguez, del Supremo Tribunal de Justicia, y Armando García y Alberto Barba, del Tribunal de Justicia Administrativa, deben ser separados de sus cargos tras el congelamiento de sus cuentas bancarias por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Dijo textualmente: “Cómo es que un ciudadano puede presentarse a pedir justicia ante alguien que tiene las cuentas congeladas (…). Cómo es posible que un jalisciense vaya a pedir justicia, presente su recurso, su demanda, y le toque que la revise un juzgador con cuentas congeladas, señalado de actos indebidos (…). Desde mi punto de vista, el Poder Judicial debe tomar las decisiones y para tener un mínimo de respeto a la ciudadanía, separarlos de su cargo (…). Lo que sí es una realidad es un estado de indefensión en que quedan los ciudadanos que van a reclamar justicia…”.
Sin duda es preocupante la postura de un legislador –responsable de elaborar y aprobar las leyes que regirán la buena convivencia en el Estado–, de mandar al diablo a las instituciones y condenar a funcionarios públicos que no han sido sometidos ni derrotados en un juicio, que tienen el derecho a recurrir a las instancias legales que constitucionalmente correspondan, y a quienes no se les ha dado la oportunidad de defenderse, y mucho menos han sido sentenciados por la instancia correspondiente por mandato de ley.
Desde su posición como coordinador de la bancada del partido en el gobierno, Movimiento Ciudadano, y como presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Caro Cabrera asumió el papel de juez, declaró culpables a los magistrados mencionados y los condenó a que sean retirados de su cargo porque mantenerlos en él va en perjuicio de la ciudadanía.
Esta postura radical de quien tiene como obligación elaborar las leyes, sin dejar espacio a que las instancias correspondientes hagan su tarea, es más que preocupante, porque entonces estaríamos ante una conducta que raya en aquello de que “el Estado soy yo”, desde el Poder Legislativo.
Y preocupa más cuando conocedor de las leyes como debe de ser, ignora que el congelamiento de las cuentas bancarias de los tres magistrados se ejecutó sin que se cumplieran los requisitos que establece la ley y que por ello dicha acción fue revertida por los tribunales federales al concederles la protección legal mediante el otorgamiento de la suspensión provisional, con lo que dichas cuentas deberán ser liberadas.
Pero aún más. Se pronuncia por que, de manera dictatorial, sin que medie juicio y resolución alguna, insistiendo en mandar al diablo las instituciones, los presidentes del Poder Judicial y del Tribunal de Justicia Administrativa arbitrariamente separen a los magistrados de sus cargos porque no pueden o deben cumplir con su obligación, sólo porque sus cuentas fueron congeladas de manera irregular, sin esperar a que los tribunales digan la última palabra.
Nadie ignora ya que el diputado Salvador Caro siente una repulsión hacia el Poder Judicial y en concreto hacia los magistrados, como lo ha evidenciado en varias ocasiones y en particular al declarar que es “un bálsamo” para sus oídos saber que uno o varios de ellos renunciarán, se separarán o retirarán del cargo.
¿Por qué este odio de Caro Cabrera a todo aquello que huela al Poder Judicial? ¿Dónde se rompió la buena relación que alguna ocasión tuvo con él? ¿Qué facturas quiere cobrar o qué ajuste de cuentas quiere saldar con los magistrados, llámense como se llamen?
ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.
JJ/I