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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana alertó sobre reportes de ataques cibernéticos en cuentas sociales oficiales de dependencias y funcionarios en Europa y América Latina, por lo que emitió una serie de recomendaciones y acciones preventivas.
Detalló que se trata de una campaña de ataques cibernéticos que hasta el momento se ubica en España, Guatemala, el Salvador y Panamá, sin embargo "se estima que en las próximas horas se extiendan a otros países debido a que adopta cada vez mayor número de participantes".
En un comunicado, señaló que el modo de operación es que, una vez que el atacante ha tomado control total del perfil de Twitter de la dependencia o del funcionario de gobierno, publica el mensaje: "esta cuenta ha sido hackeada por corrupción", y posteriormente continúa enviando avisos y manifestaciones en contra del gobierno de ese país.
Ante esta situación refirió que a través del Centro Especializado en Repuesta Tecnológica (CERT-MX) de la División Científica de la Policía Federal realiza diferentes acciones y emite recomendaciones, para prevenir esos ataques cibernéticos en contra de redes sociales de cuentas oficiales del Estado mexicano o de sus servidores públicos.
Informó que en México ya se instruyó a mantenerse en alerta a través de diversas acciones y recomendaciones de prevención, y aunque los ataques reportados han coincidido en Twitter no se descarta que el objetivo sea cualquier red social de funcionarios con seguridad débil en sus perfiles electrónicos.
Entre las recomendaciones están realizar un cambio de contraseña de los perfiles de redes sociales de las cuentas oficiales y de altos funcionarios públicos; utilizar sistemas de protección como antivirus actualizados en los equipos de cómputo o dispositivos móviles; y evitar descargar aplicaciones o archivos desde Internet con origen poco confiable.
Además configurar correctamente las preferencias de privacidad de los perfiles de redes sociales, y realizar una campaña de concientización al interior de sus dependencias a fin de alertar a los funcionarios públicos sobre la existencia de ataques cibernéticos que pueden poner en peligro la imagen de su persona y de la institución para la que sirven.
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