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La Fiscalía Estatal debe entregar información sobre desapariciones en los municipios de Tecalitlán, Autlán de Navarro y Encarnación de Díaz (también conocido como “La Chona”), así lo ordenó el Pleno del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales (Itei).
La dependencia pretendía reservar la información relacionada con personas desaparecidas en estos tres municipios, entre enero y febrero de 2018, pero proporcionar datos estadísticos no pone en riesgo el curso de las investigaciones, explicó el comisionado Salvador Romero Espinosa.
En 10 días hábiles a partir de la notificación, la Fiscalía deberá entregar la información al ciudadano que la solicitó vía transparencia.
“Sí hay forma de generar información estadística producto de esas solicitudes sin que ello ponga en riesgo la integridad de la averiguación previa”, señaló en entrevista el consejero.
Tecalitlán es la demarcación donde se reportó la desaparición de tres italianos el 31 de enero de 2018. “Estábamos poniendo gasolina y algunos policías nos detuvieron. Dos motos y una patrulla. Nos detuvieron y nos dijeron: síganos”, es el mensaje de voz que alcanzó a enviar Antonio Russo a uno de sus hermanos. El joven y su primo Vicenzo Cimmino buscaban a Raffaele Russo, padre, quien había desaparecido horas antes.
Por el caso de los italianos fueron detenidos tres policías. Familiares de los desaparecidos sostienen que las víctimas fueron entregadas a un grupo criminal a cambio de dinero. A dos años y medio se desconoce el paradero de los tres.
De Encarnación de Díaz, a principios de julio de este año, un regidor denunció la desaparición de más de 30 jóvenes que presuntamente fueron reclutados a la fuerza por el crimen organizado.
El día 16 del mismo mes, la Fiscalía confirmó que se abrieron 14 carpetas de investigación por la desaparición de 22 jóvenes en “La Chona”.
En Autlán de Navarro, hay reportes periodísticos de jóvenes desaparecidos en los años recientes.
Sobre la información que pueden entregarse sin afectar las investigaciones, pueden elaborarse reportes sin dar nombres de personas en proceso de investigación ni de agrupaciones delincuenciales.
”Por ejemplo, si participaron o no policías, por si sólo consideramos que sí se debe informar al solicitante; también si hay indicios de que participó o no un grupo criminal debe ser informado. Hay que considerar que el delito de desaparición forzada (donde participan funcionarios públicos) es considerado en la ley como de lesa humanidad, es decir, una violación grave a los derechos humanos; el ámbito de protección respecto a otros delitos es mucho menor, es por eso que el estado está obligado a entregar la mayor cantidad de información posible de estos delitos”, explicó el comisionado Salvador Romero Espinosa.
EH