Licitación: encontraron culpables

El lunes, en entrevista radiofónica –la referí en mi entrega de ayer– el gobernador Enrique Alfaro aseguró que en el caso de la licitación y adjudicación del arrendamiento de maquinaria pesada para el programa A Toda Máquina “no hubo ni una sola irregularidad” y que todo “queda perfectamente solventado”. Incluso, aseguró que después de que se hizo pública toda la cloaca en este asunto “revisamos a fondo el tema y lo que se hizo es algo que está teniendo un beneficio extraordinario”.

Sin embargo, se conoció que en la primera quincena de agosto la Contraloría del Estado hizo llegar al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) el resultado de su investigación del que ya había adelantado que sí hubo irregularidades de carácter administrativo e identificado a los funcionarios responsables, incluyendo a alguno de sus colaboradores, quienes habrían incurrido en faltas graves y no graves.

Todo indica, por hechos públicos, que la contralora Teresa Brito Serrano ha sido la única de las integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción que se dio a la tarea de cumplir con la encomienda que se le dio en aquella sesión del comité en la que se acordó que sus miembros, “en el ámbito de sus respectivas competencias, revisarán, si fuere el caso, de los procesos inherentes y consecuentes a la Licitación Pública Local LPL 01/2019, llevada a cabo por la Secretaría de Administración”.

Brito Serrano tomó en serio el caso y muestra es que sólo los resultados de su investigación son los que se conocen y continúan el proceso que por ley deben de seguir.

Ayer trascendió que fuentes de la Contraloría Ciudadana Independiente, que encabeza Jorge Carlos Ruiz, revelaron extraoficialmente que la Contraloría del Estado determinó ante el TJA la existencia de faltas graves en la licitación del programa A Toda Máquina.

Por su parte, fuentes cercanas al caso me confirmaron que la Contraloría del Estado concluyó que en la licitación y adjudicación del programa A Toda Máquina habrían incurrido en faltas graves el director general de Abastecimiento en funciones de titular de la Secretaría de Administración –en sustitución de Esteban Petersen–, y quien además firmó el contrato de la licitación; el director del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones del gobierno del estado; así como una persona moral (empresa).

En faltas no graves habrían incurrido un funcionario de la misma Contraloría y varios servidores públicos de la Secretaría de Administración.

Lo extraño en este caso es que el primer asunto que se conoció en el Tribunal de Justicia Administrativa de la irregular licitación del programa A Toda Máquina le fue adjudicado al magistrado Armando García Estrada, presidente de la Cuarta Sala Unitaria, y quien por lo tanto debería de atender el caso hasta emitir un dictamen final; sin embargo, la resolución de la Contraloría le fue asignada al magistrado Juan Luis González Montiel, presidente de la Tercera Sala Unitaria, de quien se dice que es parte de la cuota panista –concretamente del grupo de los Cortés Berumen– y quien será el que atienda el asunto finalmente.

¿Por qué si el magistrado García Estrada tenía asignado el caso de A Toda Máquina, le fue adjudicado a su igual González Montiel y por instrucciones de quién? ¿Cuál fue la manipulación que se hizo del orden de los asuntos para que este caso no regresara al magistrado Armando García, a quienes los gobiernos alfaristas han criticado y condenado por resoluciones en contra de ellos?

Vale preguntarse, incluso, si el caso de A Toda Máquina no tiene relación alguna con la liberación del ex dirigente panista Antonio Gloria Morales, quien dentro de los términos y plazos de ley debió de haber sido liberado el lunes pasado y no ayer miércoles. Al tiempo.

ES TODO, nos leeremos ENTRE SEMANA.

JJ/I