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Al Rey Sol
Aun cuando las bancadas de los partidos Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) reconocieron que el dictamen de reforma a la ley orgánica del Poder Judicial tiene vicios y errores que podrían dar pie a impugnaciones o amparos, ayer avanzó al aprobarse en comisiones y pasar primera lectura.
En un mismo día este dictamen pasó dos filtros y sólo espera el último, que sería su votación en segunda lectura, lo cual pronostican ocurra en dos semanas. Así, esta ley sumaría a lo aprobado en la reforma constitucional al Judicial avalada el 12 de junio.
En las comisiones de Seguridad y Justicia, y de Estudios Legislativos, en las que se discutió la propuesta, las legisladores de Morena, Érika Pérez García y María Esther López Chávez, y la priísta Mariana Fernández Ramírez votaron en abstención, mientras que los diputados del PRD, Enrique Velázquez González y Quirino Velázquez Chávez, y los panistas Gustavo Macías Zambrano, Claudia Murguía Torres y Adenawer González Fierros lo hicieron a favor con reservas.
El resto, los emecistas Héctor Pizano Ramos, Javier Romo Mendoza, Mirza Flores Gómez, Jonadab Martínez García y Ricardo Rodríguez Jiménez, lo hizo a favor sin objetar nada.
El dictamen avalado ayer establece la creación de un centro de evaluación para observar la evolución patrimonial de juzgadores; cambiar el haber de retiro para magistrados por una pensión temporal consistente en un pago equivalente a 75 por ciento del sueldo promedio del último año, a pagarse durante los 24 meses siguientes a su retiro; una compensación para jueces equivalente a tres meses de sueldo de su último año y 14 días de salario por año trabajado, así como un comité de ética y probidad.
La reforma también prevé nuevos mecanismos de elección de magistrados y jueces, y la aplicación de exámenes de control de confianza para juzgadores; en caso de no aceptar las evaluaciones, podrían ser removidos de su cargo, amonestados o inhabilitados.
En las discusiones de ayer, la morenista Érika Pérez acusó que el proyecto aprobado ya estaba cocinado: “Considerando que la propia Constitución es vulnerable en este tema, acordamos, además, que el proyecto saldría del trabajo de las y los diputados y asesores, y que no llegaría un proyecto ya cocinado”.
Por su parte, Enrique Velázquez indicó que aunque votaba a favor, no estaba de acuerdo en la aplicación del polígrafo a juzgadores como parte de los exámenes de control, pues, recordó, es inconstitucional. En otro tema en el que tampoco estuvo de acuerdo es en quitar el haber de retiro, pues es un derecho ganado.
La priísta Mariana Fernández fue la más insistente en señalar las inconsistencias legales de lo avalado. Por ejemplo, indicó que dos artículos, el 8 y 196, sancionan de manera diferente la no aplicación de exámenes de control de confianza y son contradictorios; que el centro de evaluación se enfoque en la evolución patrimonial; que la pensión temporal sea diferente entre magistrados y jueces, y que la comisión de ética resuelva procedimientos de probidad, los cuales podrían ser subjetivos y usarse como herramientas políticas de presión.
“Desgraciadamente el partido que está gobernando en el estado no nos ha escuchado, no nos ha dado la atención”, lamentó la priista.
Finalmente, el coordinador del PAN, Gustavo Macías, se dijo confiado en que se harán más modificaciones al dictamen antes de la segunda lectura y en que consultarán al Poder Judicial.
Antes de la sesión de ayer en el Congreso local, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco (STJEJ), Ricardo Suro Esteves, aceptó que persistía la posibilidad de abandonar la controversia constitucional por la reforma al Poder Judicial, pero sólo si el Legislativo resarcía fallas de la misma en la ley orgánica.
“Las posibilidades de que haya una sesión plenaria en la que se establezca que no (se presentará la controversia), por supuesto que la hay, pero el mandato está dado y se está trabajando en la controversia constitucional”, comentó en entrevista para InformativoNTR.
La controversia constitucional en contra de la reforma judicial fue avalada el 9 de julio por el pleno del STJEJ, pero no se ha presentado.
De acuerdo con Suro Esteves, los aspectos fundamentales de la ley orgánica que deberían adecuarse son la autonomía del órgano de vigilancia y control del Poder Judicial con respecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como la garantía del derecho al haber de retiro para los magistrados.
El representante del Poder Judicial indicó también que lo ideal sería colaborar con los otros poderes para llegar a un entendimiento en cómo regular la actuación de los juzgadores.
“No lo veo como un afán de intromisión, lo veo como un tema desde el punto de vista político de llevar la batuta de cambiar las cosas. En eso nos sumamos, en cambiar las cosas nos vamos a sumar siempre, siempre el diálogo va a estar abierto. No lo veo como un ávido deseo de controlar al Poder Judicial porque sería inconstitucional”, comentó.
Añadió que la intromisión ocurriría si en la ley orgánica se impusiera una figura del Legislativo o Ejecutivo para dirigir el órgano de vigilancia del Judicial.
A la par, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto que a los jueces no se les pueden aplicar los exámenes de control de confianza como se hace con los policías, pues sus atribuciones son distintas. Juan Levario
“Desgraciadamente el partido que está gobernando en el estado no nos ha escuchado, no nos ha dado la atención”
Mariana Fernández Ramírez, coordinadora legislativa del PRI
da/i