La oscura puerta a la refundación 

Quienes habían pensado que al bajar el tono de confrontación del gobernador Enrique Alfaro Ramírez en su mensaje con motivo del primer Informe de Gobierno en el palacio legislativo, se ilusionaron de más. El problema no siempre son las palabras, también lo son las acciones y éstas resultan peores. 

Hace unos días, un monero señalaba en una charla informal que nunca le habían censurado tantos cartones como en la actual administración estatal. Esto, más lo sucedido la semana pasada en torno al ejercicio de Verificado, muestra que el problema para los medios de comunicación no son sólo las descalificaciones del gobernador, sino las presiones de su oficina de Comunicación Social. 

Verificado llevó a cabo una revisión de frases del gobernador en su informe, contrastándolas con sus propios datos o con información oficial. 

Como lo ha hecho en otros ejercicios, Verificado capacitó a un grupo de periodistas de diferentes medios de comunicación, eligió 34 frases del gobernador que podían ser verificables y que reunían el requisito de ser “de interés público” y susceptibles de contrastarse con bases de datos públicas, estadísticas y el apoyo de especialistas. 

El resultado fue desastroso para el mandatario, pues de las frases elegidas, 12 resultaron con información falsa, 15 más con engañosa y sólo siete verdaderas. 

Lo que vino después, el mismo día que los resultados se dieron a conocer, fue la presión a los medios de comunicación para que “bajaran la información”. Algunos optaron por simplemente retirar los logotipos de sus empresas, con el argumento de que los reporteros participaron a título personal. Otros también se comprometieron a no dar más difusión después de lo que ya se había publicado. 

En otros se mantuvo la información, pero también hubo presiones e incluso una fuerte campaña de descalificación en redes sociales, cuya operación y origen son dudosos. 

De las presiones es evidente que no queda rastro. Pero la política que ha seguido el área responsable de la comunicación del gobierno del estado ha sido de presiones constantes para los medios que sí reciben recursos públicos. Esto sí ha sido histórico. 

Lo anterior no quiere decir que esos recursos sean indebidos, pues en muchos de los casos se trata de dinero para publicidad oficial. En estricto sentido se trata de empresas que ofrecen sus servicios. 

Lo que resulta preocupante es la política que se mantiene desde el gobierno del estado con el manejo de esos recursos que son públicos y que tendrían que ser manejados de manera correcta, para cuidar los intereses de Jalisco y no los del gobernador y algunos de los integrantes de su equipo. 

El gobierno del estado podría usar su derecho de réplica ante la información que difunden los medios de comunicación y, sobre todo, los argumentos. Sin embargo, por alguna razón ha renunciado a esa posibilidad. Prefiere imponerse y presionar. 

Desafortunadamente, la vulnerabilidad financiera de muchos medios de comunicación los convierte en presa fácil. Son empresas, tienen gastos, pagan salarios y cuidan su viabilidad económica; claro, unos más que otros. 

La relación medios-gobierno no tiene que ser armónica. De hecho, eso la haría sospechosa. Pero sí tendría que ser de respeto. 

En la refundación que prometió el gobernador tendría que haber espacio para disentir, porque eso pasa en las democracias. Sin embargo, los espacios para hacerlo cada vez se reducen más, no sólo en los medios de comunicación, sino en la sociedad, las organizaciones ciudadanas, en los otros poderes y hasta en los ayuntamientos. Entrar por esta puerta oscura al proceso del Constituyente o a lo que llaman refundación, tendría que mantenernos preocupados y en alerta. 

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