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Qué tierno
Y el sarampión avanza
Del 27 al 31 de enero, en el ITESO, se llevó a cabo el Foro de Reflexión y Propuestas sobre las Desapariciones de Personas en Jalisco. En esos mismos días, pero en el Congreso del Estado tuvieron lugar las mesas de diálogo sobre personas desaparecidas.
Las organizaciones y los colectivos demandaron que los diputados de las comisiones que deberán dictaminar las leyes sobre desaparecidos escuchen lo que los afectados plantean. En los diálogos sólo estuvieron presentes Jorge González Arana, diputado local responsable de la Comisión de Derechos Humanos, y Érika Pérez García, de Estudios Legislativos.
La demanda fundamental es que los legisladores escuchen a los familiares de las víctimas para que trabajen a fondo y de forma expedita en la adecuación de la legislación, en materia de desaparecidos. Claudia Murgía, de la Comisión de Puntos Constitucionales, y Enrique Velázquez, de la Comisión de Seguridad y Justicia, estuvieron ausentes de las mesas de diálogo que se llevaron en el mismísimo recinto legislativo.
Dentro de los foros que tuvieron lugar en Guadalajara, se precisó sobre la gravedad del problema en México y en Jalisco. Al final, se clarificaron propuestas sobre diversos mecanismos para acompañar adecuadamente a los familiares de las víctimas de manera que las instituciones públicas, las instituciones y los colectivos, puedan sumar esfuerzos para aminorar este doloroso problema.
De acuerdo con la información del representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en Jalisco, 9 mil 286 personas se han reportado como desaparecidas de 1960 a 2019. Jalisco ocupa el penoso primer lugar de personas desaparecidas en nuestro país. En México, es lastimoso el poco avance que se tiene, pues de 61 mil casos registrados, sólo se cuenta con cincuenta sentencias por desaparición de personas.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, destacó en el foro del ITESO que sólo en los últimos 13 meses se recibieron 9 mil 164 denuncias por desaparición y sólo se ha logrado encontrar a 43 por ciento, mientras que los otros 5 mil 184 siguen desaparecidos. Además, mencionó que en los últimos 13 años se han descubierto 3 mil 631 fosas clandestinas en todo el país.
Recordemos que cuando una persona desaparece, además de dejar un vacío en sus familiares, se generan algunas lagunas con respecto a la custodia de niñas y niños, el patrimonio de las víctimas y sus responsabilidades patronales, entre otras.
De tanto que acontece, pareciera que la sociedad se va acostumbrando y se hace un tanto insensible ante el creciente problema de la desaparición de personas. El llamado de académicos, expertos, colectivos y organizaciones de la sociedad civil es a reforzar el compromiso con las víctimas y el apoyo a sus familiares.
Las propuestas van cobrando forma y concreción: desde conformar una base de datos nacional, que se alimente de la información que se va recabando en las entidades y se conforme un sistema de información nacional de desaparecidos. Otras son de carácter normativo y se orientan a definir con claridad los principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas y trabajar en los vacíos legales que hoy existen.
Desde las distintas ópticas, adquiere centralidad la atención a las familias afectadas, escucharlas y apoyar el seguimiento de sus casos de manera que ese sea el punto de partida para fortalecer la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas, así como la coordinación de esfuerzos en los tres niveles de gobierno. Eso no quita que se desarrollen programas de prevención ante el creciente problema.
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jl/I