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Y resolver Magistraturas
A creerle
El nuevo megacrédito por 6 mil 200 millones de pesos que contratará el gobernador Enrique Alfaro Ramírez para realizar obra pública en el estado tendrá un costo en intereses de más de 105 por ciento, según los cálculos del gobierno del estado, recursos que serán pagados por el actual gobernador y sus tres sucesores.
Tan solo este año, si se contrata en los términos autorizados por el Congreso del Estado, se tendría que incrementar la partida de pago de deuda en casi 5 por ciento, mientras que para el próximo año el aumento tendría que ser cercano a 20 por ciento.
En un documento entregado por el Poder Ejecutivo al Congreso del Estado sobre el impacto que tendrá la contratación de un nuevo crédito, del que este diario tiene una copia, se informa que si el contrato se firma a un plazo de pago de 20 años, se tendrían que cubrir, entre pago a capital e intereses, 12 mil 736.7 millones de pesos. Este dato coincide con la denuncia que ya había hecho la coordinadora de los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, Mariana Fernández Ramírez.
En el informe se hace un desglose de lo que se pagaría cada año. En los primeros dos ejercicios la mayor parte de los pagos irán sobre los intereses, en más de 90 por ciento, y apenas 8 y 9 por ciento será para pago a capital en 2020 y 2021, respectivamente.
De los datos también se advierte un incremento en el monto de los pagos anuales, pues comenzaría en este año con 119.9 millones de pesos, para llegar al punto más alto en el 2031 con casi 784 millones de pesos. Esta última cantidad equivale a casi una tercera parte de lo que se destinó este año al pago del total de la deuda pública de la entidad, que agrupa los créditos contratados por los últimos seis gobernadores, incluyendo a Enrique Alfaro.
En total, se prevé que se paguen por concepto de intereses 6 mil 536.7 millones de pesos, lo que representa 105.4 por ciento adicional a los 6 mil 200 millones de pesos del crédito que se contrataría.
En el documento también se menciona que Jalisco tiene capacidad para endeudarse si se toma como base el 78 por ciento de los recursos que recibe del Fondo General de Participaciones (FGP) –el 22 por ciento restante es de los Municipios–, así como los fondos de Infraestructura Social para las Entidades Federativas (FISE) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), que quedan como respaldo.
Agrega que actualmente “se encuentran afectados 37.34 por ciento de las participaciones, así como 24.48 por ciento del FAFEF, por lo que se considera que el estado de Jalisco cuenta con suficiente capacidad de pago para cumplir con el pago (sic) del servicio de la deuda de un financiamiento por hasta 6 mil 200 millones de pesos”.
Ya con letras pequeñas se aclara que según el artículo 50, párrafos primero, segundo y tercero de la Ley de Coordinación Fiscal, “tanto para el FISE como el FAFEF sólo se puede afectar 25 por ciento”, lo que significa que, según los mismos datos del gobierno del estado, al menos en el caso del FAFEF prácticamente tiene comprometido el porcentaje que la ley le permite.
Finalmente, se señala que según la última publicación del sistema de alerta, que corresponde al último semestre del año pasado, Jalisco “está evaluado en nivel de endeudamiento sostenible en los tres indicadores, que son deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición; servicio de deuda y de obligaciones, y obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas”.
El Comité de Seguimiento y Vigilancia de la Mesa de Reactivación Económica del gobierno estatal se encargará de revisar la utilización de la megadeuda; sin embargo, en ella no hay organismos colegiados que puedan fiscalizar los criterios técnicos de gasto, construcción e impacto económico de las obras que se realizarán.
Así lo expuso Bernardo Sáenz Barba, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ), quien expuso que el ente que preside no fue invitado a evaluar los proyectos que se llevarán a cabo con el endeudamiento.
“Ningún colegio está invitado, hay organismos empresariales (como) la Cámara Nacional de Comercio cuyo presidente Xavier Orendáin Obeso es miembro de este colegio, conoce de alguna manera aspectos técnicos, (pero) creemos que debe haber sustento técnico”, consideró.
Sugirió que la ejecución de obras que se lleve a cabo con los 6 mil 200 millones de pesos cubra por lo menos cuatro criterios: la transparencia de los recursos, clarificar los proyectos en los que se invertirá, que llegue a la mayor cantidad de comunidades en el estado y atienda necesidades prioritarias.
“Lo que nos toca a los ingenieros civiles es vigilar que las obras tengan calidad, cumplan con los tiempos marcados y darle un sustento técnico a los proyectos que se propongan. No fuimos invitados a la mesa, pero es un tema que nos interesa, de alguna forma estaremos vigilantes desde nuestra área técnica”, sostuvo. Redacción
jl/I