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Apuesta de campaña
El voto despojando afores
Es difícil decidir qué es peor, que la detención ilegal de jóvenes participantes en las manifestaciones del pasado fin de semana haya sido ordenada por autoridades o, como justificó el gobernador, por la delincuencia organizada. En cualquiera de los dos escenarios, los jaliscienses estamos en verdaderos problemas.
Es difícil decidir qué es peor, un gobernador enojado de manera permanente y que en sus mensajes siempre encuentra a alguien a quien regañar o, como lo vimos este fin de semana, un gobernador que admite que no tiene el control de sus corporaciones de seguridad al grado que se puede infiltrar la delincuencia organizada y cometer delitos graves contra los ciudadanos desde las mismas instituciones. En cualquiera de los dos escenarios, los jaliscienses estamos en verdaderos problemas.
Lo que se vivió el fin de semana seguramente será una marca para la actual administración estatal. Y no hablo de política ni de consecuencias electorales, que de eso ya están llenas las declaraciones de nuestros políticos. Hablo del Jalisco en que vivimos, ése en el que la fragilidad del ciudadano queda expuesta.
En el mensaje que compartió en las redes sociales del jueves, después de las manifestaciones en el Centro de la ciudad, el gobernador Enrique Alfaro responsabilizó al gobierno federal y al partido Morena de la violencia que se registró en las protestas por el asesinato de Giovanni López. Pero también mencionó dos puntos importantes: que no se permitiría que esos hechos se repitieran y que la policía “aguantó más de dos horas” sólo conteniendo.
Al día siguiente, elementos de la Fiscalía Estatal impidieron la manifestación en torno a sus instalaciones en la Zona Industrial, aunque lo hicieron de la peor forma. Se llevaron a diferentes jóvenes que consideraron se dirigían a la manifestación, los golpearon, los robaron, los incomunicaron y los llevaron a diferentes lugares. La Comisión Estatal de Derechos Humanos confirmó que hubo graves violaciones a las garantías individuales de los jóvenes y, lo más grave, que hay elementos para acreditar que hubo desaparición forzada de personas.
En fotografías y videos, que dieron a conocer tanto los manifestantes como los reporteros y fotógrafos que cubrieron las manifestaciones, se confirmó que los policías no solamente “aguantaron”, como aseguró el gobernador. Desde el mismo jueves hubo agresiones de los uniformados hacia los jóvenes, incluso cuando ya estaban sometidos. La fuerza pública se utilizó de manera desmedida.
Quienes defienden las detenciones con el argumento de los daños causados a edificios, negocios y mobiliario urbano olvidan que para sancionar cualquier falta se debe actuar con legalidad. La incapacidad de los policías quedó evidenciada cuando comenzaron a detener a quien podían y no atendiendo a la obligación de que fuera en flagrancia.
Con los excesos cometidos por los policías, el gobierno de Jalisco quedó evidenciado. Los testimonios de los jóvenes son aterradores. Para fortuna de quienes fueron detenidos, el gobernador sabía el costo que hubiera tenido para él que uno solo de ellos no apareciera.
Y si le creemos al gobernador y fue el crimen organizado el que estuvo detrás de las detenciones del viernes en los alrededores de la fiscalía, entonces estamos peor. Porque ese gobernador firme, que todo el tiempo nos echa en cara que decide por los jaliscienses que lo pusieron donde está, sólo actúa de esa forma ante los ciudadanos, pero no tiene control de lo que sucede al interior de su gobierno. O, lo que es peor, en su gobierno hay un control que ejerce el crimen organizado y después de año y medio de su administración apenas se dio cuenta.
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