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Ayotzinapa: asignaturas pendientes

Lentísimo, con una lentitud aún mayor a la del “elefante reumático” –recurso retórico al que con frecuencia el presidente alude en sus mañaneras, para justificar la ausencia de resultados de sus promesas de campaña–, así ha avanzado el proceso para sacar a la luz la verdad sobre los acontecimientos de la noche del 26 de septiembre de 2014, que culminaron con la desaparición forzada de 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa a manos de policías estatales, ante la indiferencia (¿complicidad?) de los cuerpos federales de seguridad y el Ejército. 

Con la identificación de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, con base en los restos localizados en la barranca de La Carnicería, realizada por la Universidad de Innsbruck y, la declaración de Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), que calificó a los acontecimientos como el resultado de una desaparición forzada, el reclamo de los padres de los 43 estudiantes ha recobrado visibilidad pública, y con éste han vuelto a reivindicar su vigencia las demandas del movimiento social que bajo el lema de #AyotzinapaSomosTodos, movilizó a millares de mexicanos, que hicieron de su consigna #FueElEstado, su bandera de lucha. 

Los nuevos datos han venido a dar sustento a las versiones contradictorias que sobre los acontecimientos de la fatídica noche han expresado desde el principio tanto el gobierno como el movimiento. La versión gubernamental fue que los estudiantes fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula por el crimen organizado. En contraste, el movimiento sostuvo que en la desaparición forzada había intervenido directamente el Estado y que en tanto no se exhibieran los restos mortales, se podía presumir que los estudiantes se mantenían con vida. 

Si bien el hallazgo de los restos de Christian Alfonso, que se agregan a los de Alexander Mora Venancio, localizados en el río San Juan en 2016, y sobre los que el gobierno de Peña Nieto fincó su “verdad histórica”, abonan en el sentido de la ejecución de los estudiantes, en tanto no aparezcan vestigios de los restantes 41 el reclamo de los padres y del movimiento “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, sigue siendo vigente. En contraste, la declaración de Gertz Manero representa el reconocimiento tácito, indiscutible, de que en la acción criminal de la noche de septiembre había participado directamente el Estado. 

En rigor, hay que decirlo claramente, la demolición de la “verdad histórica” de Murillo Karam es un acto retórico, en tanto la versión gubernamental, apoyada por la comentocracia, nunca obtuvo credibilidad entre el resto de la sociedad y cuyas falacias fueron desmontadas por el Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), desde 2015. 

En el marco de la campaña electoral, frente a un grupo de padres en Iguala, López Obrador se comprometió a integrar una Comisión de la Verdad, lo cual cumplió al publicar entre sus primeras acciones de gobierno el decreto de su creación. Empero, y no obstante del hallazgo y de la solicitud de captura de Tomás Zerón, el principal responsable de la investigación, siguen estando vigentes los interrogantes que el GIEI planteaba en sus conclusiones:  

1. Si fue imposible la incineración de los normalistas en el basurero de Iguala. ¿En dónde están? ¿Qué pasó con ellos? 

2. ¿Qué tenía de especial el camión de Estrella Roja cuya existencia fue omitida en el informe de Murillo Karam y que, hoy se sabe, tuvo una presencia importante en la escena del crimen? 

3. ¿Y los militares? ¿En qué consistió finalmente su participación? 

A 19 meses de su llegada al gobierno, su compromiso de hacer del conocimiento de los padres el paradero de sus hijos y llevar a juicio a todos los responsables del crimen de Estado siguen siendo asignaturas pendientes. 

Twitter: @fracegon

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