En lo que va de la actual administración federal, mil 40 funcionarios del Instituto Nacional de Migración han sido separados de sus cargos por incurrir en supuestos actos de corrupción.

Francisco Garduño, titular de la dependencia, explicó que los algunos funcionarios fueron acusado de cobrar hasta 300 pesos a los extranjeros para que pudieran realizar su trámite migratorio, por lo que ya no trabajan en el gobierno federal.

Detalló que el INM repartía fichas a los migrantes para realizar su trámite, pero algunos trabajadores pedían dinero para recibirlas.

Fueron los servidores público quienes renunciaron ante la evidencia de cobros indebidos, ocultamiento de sellos, extorsión, entre otras irregularidades detectadas.

jl