Derogan decreto para regular mercados

El cabildo de Guadalajara derogó ayer el decreto que buscaba regularizar a los mercados municipales. El documento, aprobado el 20 de julio y publicado el 12 de agosto en la Gaceta Municipal, generó molestias y dudas entre locatarios y el alcalde Ismael del Toro Castro acordó con ellos darle reversa. 

Aunque votó a favor de la derogación, el edil independiente y presidente de la Comisión de Mercados y Centrales de Abastos, Eduardo Almaguer Ramírez, denunció que el decreto se vino abajo porque los administradores de mercados se dedicaron a desinformar sobre él. 

“Los locatarios lo tomaron como una amenaza a su patrimonio o a su propia viabilidad a la actividad comercial que realizan y, en ese sentido, nosotros tardamos un año en poder indagar y saber que había locales ocupados por personas sin ningún documento”, comentó. 

El edil insistió en que las comisiones de Patrimonio y Mercados tardaron un año en elaborar el decreto, proceso en el que se detectaron diversas irregularidades, como entrega de locales sin respaldo jurídico, por lo que pidió a la Contraloría del Municipio indagar los hallazgos. 

 Por su parte, el alcalde Ismael del Toro llamó a analizar el tema a fondo a fin de darles certeza y legalidad a los comerciantes. 

“Estaban mal informados (los comerciantes) de los alcances y los efectos del decreto, y escuchándolos y atendiendo sus dudas, me parece que además de despejarlas, los acuerdos tomados perfeccionaron en mucho todo este plan de que sigue siendo vigente y la intención que aprobamos en este pleno es la regularización de la relación contractual de los locatarios con el gobierno”, indicó. 

A cambio del decreto se propusieron modificaciones al reglamento en la materia y a la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

Antes de la derogación del documento, el Municipio acordó con locatarios buscar una figura jurídica que permita que los edificios que albergan los mercados continúen destinándose a la prestación de este servicio público y que éste no pueda cambiarse en caso de siniestros. 

En el decreto se planteaba que los comerciantes optaran por concesiones de 99 años en vez de la figura de arrendamiento, pero la propuesta generó inconformidades. 

JB/I