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Aunque la cantidad de empleados del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) se incrementó una cuarta parte de 2013 a 2020, sus resultados son prácticamente los mismos que entonces.
La cantidad de personal que trabaja en Ciencias Forenses pasó de 467 en 2013 a 584 durante este año, pero la cifra de dictámenes e informes periciales permanece en los mismos niveles.
De acuerdo con informes obtenidos a través de solicitudes de transparencia, en 2013 peritos realizaron 145 mil 491 dictámenes e informes periciales.
De 2013 a 2020, la cifra se mantuvo sin muchas variaciones, aunque en 2019 disminuyó a 129 mil 688. Al cierre del informe del tercer trimestre de 2020 sólo se habían emitido 92 mil 722 informes.
Además de los dictámenes periciales, el IJCF mide su trabajo a partir de aspectos que no reflejan sus principales obligaciones, como la emisión de constancias de no antecedentes penales.
En 2013, la cifra de constancias fue de 460 mil 106 y para 2018 se elevó a 764 mil 840, aunque en 2019 se redujo a 713 mil 302. En este año, hasta el tercer trimestre, sólo se habían expedido 354 mil 923 constancias, situación en la que probablemente tuvo impacto la pandemia.
Las capacitaciones en el IJCF, otro de los indicadores que mide la institución, ha tenido resultados inestables a lo largo de los años.
En 2013, 882 funcionarios fueron capacitados por la transición al sistema de justicia penal acusatorio, pero para 2015 la cifra ascendió a 2 mil 115. En cambio, en 2018 sólo 166 servidores públicos recibieron formación del IJCF y en 2019, 182. El rubro se disparó a 918 capacitaciones durante los primeros nueve meses de 2020.
El IJCF también considera las acreditaciones para medir sus resultados; sin embargo, no ha reportado certificaciones de sus laboratorios y sus procesos desde hace dos años. Para este año tendría que haber completado en diciembre seis procesos de acreditación, pero hasta el informe del tercer trimestre el avance era de cero.
En 2013 y en 2016 tampoco hubo acreditaciones, mientras que en 2014 y 2018 hubo una en cada año y dos en 2015. El IJCF no ofreció datos de 2017.
El sistema de indicadores del instituto también considera la percepción de inseguridad y la percepción de corrupción en las fiscalías, aunque ambos no están directamente relacionados con su labor.
De 2013 a 2020, la nómina del IJCF se incrementó 25 por ciento. La principal variación se dio en el personal operativo, el cual en el primer periodo era de 316 empleados y en el segundo de 429. El alza en éste fue de 36 por ciento.
En cambio, el personal administrativo ha permanecido prácticamente en el mismo nivel, pues en 2013 era de 151 empleados y en 2020 de 155.
En 2018, en el tiempo de la crisis por saturación de cadáveres y refrigeración en tráileres, el organismo tuvo su mayor decremento de personal. En ese entonces fueron dados de baja 81 empleados, 23 por ciento de las 349 bajas que hubo de 2013 a 2020. En 2019 y en este año ha habido 57 bajas en cada año.
Las bajas laborales se han dado principalmente en el personal administrativo de las delegaciones regionales, en el cual se acumulan 62 empleados menos durante el periodo analizado.
Dicha área es la que ha tenido más contrataciones, pues pasó de 55 empleados administrativos y operativos en 2013 a 83 en 2020, aunque esta última cifra es menor a las 85 plazas de 2019.
El Servicio Médico Forense (Semefo) es la siguiente área con más contrataciones. En ella se pasó de 38 empleados a 67 en el lapso, aunque también tuvo más empleados en 2019, cuando eran 70.
En 2020, el área de criminalística de campo tiene 50 personas contratadas y el laboratorio químico, 32, mientras que el laboratorio de genética cuenta con 25; hace siete años tenía 11 servidores públicos.
El área de Psicología forense también tuvo un alza, pues en 2013 contaba con 11 plazas y este año tiene 20.
Rubén Ortega Montes, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) en temas de seguridad, consideró engañoso que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) informe sólo la cantidad de dictámenes realizados y no la tasa de los requeridos contra los que finalmente sí se hicieron. Si ésta se informara, se podría medir el rezago.
“Deberían hacer el contraste de cuántas solicitudes tienen por parte del ministerio público o de los tribunales o de los juzgados de control y no solamente en materia penal. Recordemos que también en materia civil a veces se tienen que realizar algunas actividades que hay en el IJCF, en materia mercantil”, recalcó.
Otro aspecto que no se informa es la dilación para dar respuesta a los dictámenes solicitados, pues debido a la carga laboral en muchas ocasiones se entregan los resultados hasta meses después de la solicitud.
El experto acusó además que hay un alto tiempo de espera para sacar citas para cierto tipo de dictámenes, por ejemplo, los psicológicos.
Ortega Montes argumentó además que las constancias de no antecedentes no tendrían por qué ser un indicador del IJCF, ya que son un trámite administrativo.
También criticó la acreditación de laboratorios y procesos, pues consiste en pagar a un particular para certificar que la institución realiza sus peritajes de cierta manera. Consideró esta fase como completamente innecesaria y la tachó como una simulación administrativa.
“El estado es el que debería certificar y no las empresas particulares”, sentenció. Juan Levario
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