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Saturado el 911
Posando para la foto
Una exigencia generalizada de las víctimas de desapariciones forzadas ocurridas el 5 de junio de 2020 en las inmediaciones de la Fiscalía Estatal es reclasificar el tipo de delito que sufrieron en las carpetas de investigación abiertas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC). La autoridad señaló a 11 policías, principalmente mandos, por abuso de autoridad, pero no por desaparición forzada.
El problema es que desde la FECC sólo ven en lo sucedido un abuso de autoridad a pesar de que policías vestidos de civil privaron de su libertad a decenas de jóvenes.
“La FECC no considera esto como una desaparición forzada, sino como un abuso de autoridad porque consideramos que hubo autoridades que permitieron, consintieron o llevaron a cabo actos que vulneraron derechos fundamentales. ¿Qué derechos? Privación de la libertad sin que hubiera un mandamiento judicial; privación de la posesión de sus bienes sin que hubiera un mandamiento judicial. Pero esto nosotros lo vemos como un abuso de autoridad”, señaló el titular de la fiscalía, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, en entrevista con NTR.
El funcionario precisó que la Fiscalía General de la República (FGR) sí persigue el delito de desaparición forzada en este caso, pero con sus propios términos. Aclaró que no podía dar detalles al respecto, pues no conoce cómo van las investigaciones en la dependencia.
De las 11 personas señaladas por abuso de autoridad, sólo una se mantiene en prisión preventiva oficiosa. Uno de ellos ganó resoluciones para seguir su proceso fuera de la cárcel y no fue separado de la Fiscalía; dos están a la espera de una fecha para que un juez pueda vincularlos a proceso; en tres casos no hubo argumentos suficientes para vincularlos y cuatro ya fueron procesados y separados de sus cargos mientras la investigación está abierta.
Añadió que no ha habido más detenciones porque no quieren “chivos expiatorios” y que van por los mandos involucrados.
De la Cruz Tovar aceptó que en la dependencia que encabeza no se investiga la posible infiltración del crimen organizado en la Fiscalía del Estado que permitió las privaciones ilegales de la libertad el 5 de junio de 2020. No hay una denuncia de ello.
El 6 de junio de hace un año, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aseguró que la Fiscalía Estatal estaba infiltrada por el crimen y que, a causa de ello, el 5 de junio se había fraguado una acción de desobediencia. Acusó que los infiltrados fueron los responsables de las violaciones a los derechos humanos.
El fiscal anticorrupción reconoció que no está en sus manos realizar una investigación de este tipo sin denuncia de por medio.
“En actuaciones no tenemos un señalamiento en ese sentido por parte de los entrevistados, hablo de los testigos, hablo de las personas que están siendo investigadas. No tenemos señalamientos en ese sentido”, comentó. Al funcionario se le preguntó expresamente si no se siguió una investigación a partir de las declaraciones del gobernador y, en respuesta, refirió que “es parte de esa investigación el cuestionar a los entrevistados, pero no tengo una aseveración en ese sentido”.
Lo que sí pudo afirmar es que el fiscal del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, no está siendo investigado por su presunta responsabilidad en los hechos del 4, 5 y 6 de junio.
Las víctimas de desaparición forzada el 5 de junio de 2020 recordarán los hechos con una serie de actividades a realizarse mañana.
No serán acciones masivas ni violentas, pero servirán para recordar lo que sucedió y evitar que se cumpla lo que, auguran, quiere el estado: apostarle al olvido.
La actividad principal será una concentración pública en la glorieta de Las y Los Desaparecidos, en donde esperan compartir sus testimonios y recordar lo vivido para exigir justicia. Tienen contemplado que esto dé inicio a las 19 horas.
En el lugar, como un acto de memoria, instalarán una jardinera en donde plantarán un árbol endémico de Jalisco. Previo a esto tienen contemplado realizar un performance. Lauro Rodríguez
Entre los habitantes de Ixtlahuacán de los Membrillos se coincide en algo: no olvidar el caso de Giovanni López, quien falleció a principios de mayo de 2020 luego de ser detenido por policías municipales por presuntamente no usar cubrebocas.
Su muerte causó indignación en el estado y desencadenó las protestas del 4, 5 y 6 de junio; sin embargo, a más de un año de su muerte los oriundos de Ixtlahuacán critican que nada haya pasado.
“Es una fecha que siempre cala y cala hondo. Recordar cómo la sociedad se movilizó hace un año reclamando justicia, eso, eso me enchina la piel. Recordar que a un año seguimos igual o peor, eso me hace encabronar, la verdad. Nuestro Giova fue, creo, el inicio de una evidencia del tipo de autoridades que tenemos. De un alcalde de Ixtlahuacán que, igual que Enrique Alfaro, nos dejó solos”, compartió Julio, un hombre cercano a Giovanni. Edgar Flores
FRASE:
“La FECC no considera esto como una desaparición forzada, sino como un abuso de autoridad porque consideramos que hubo autoridades que permitieron, consintieron o llevaron a cabo actos que vulneraron derechos fundamentals”: Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, Titular de la FECC
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