¡No más mujeres indígenas violentadas y muertas en vida!

Si bien el gremio de las y los psicólogos hemos venido proponiendo y gestionando que los gobiernos federal, estatales y municipales atiendan la salud mental de los miembros de los pueblos originarios y que se les brinden servicios psicológicos en su lengua y con el conocimiento de su cultura, en defensa de su legítimo derecho a la salud integral, también hoy reprobamos algunas históricas prácticas inhumanas, indignantes e inaceptables de usos y costumbres de algunas comunidades originarias. 

Particularmente es de reprobar y, de una vez por todas, solicitar que se inicien trabajos legislativos y comunitarios de las autoridades para prevenir y erradicar casos como los de la niña Angélica, quien a los 11 años fue vendida por su familia en la comunidad de Cochoapa el Grande, en Guerrero, para que se casara. 

Pero eso no fue lo peor para ella, pues cuando su esposo migró a los Estados Unidos tuvo que irse a vivir con la familia de su esposo y fue víctima de reiterados intentos de violación por parte de su suegro, quien al no lograrlo solicitó a la familia de la pequeña la devolución del pago con intereses.  

Como su familia no tenía dinero para pagar, su abuela fue encarcelada, pero luego, por presión del suegro, esta fue liberada; sin embargo, después fueron encarceladas Angélica y sus tres hermanas (menores de 10 años) hasta que su padre pagara. En este contexto su madre fue violentada físicamente por “policías comunitarios”, lo que provocó el aborto de sus trillizos. Finalmente, luego de 10 días de encarcelamiento, Angélica fue liberada. 

Todo esto en nuestra cultura y bajo las leyes federales y estatales se configura como violencia en contra de niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores, pero también se podría catalogar como delitos de trata de personas, violencia sexual, violencia psicológica, matrimonio forzado y homicidio de los trillizos. 

Habrá otras prácticas en la vida de los pueblos originarios que son razonables y justificables que como usos y costumbres se deben respetar, pero estas prácticas no. No vale razonamiento o justificación alguna para seguir tolerando y permitiendo que a las mujeres indígenas se les conciba y trate como objeto al que se le puede vender, al que se le pueda violentar.  

No es posible tampoco que a las mujeres se les niegue el derecho a decidir su destino, con quién se casan, con quien sostengan relaciones sexuales y que, finalmente, se les condene a vivir como esclavas muertas en vida. 

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