¿Castigarán al gobernador?

La duda en torno a si el Congreso del Estado se atreverá a sancionar al gobernador Enrique Alfaro Ramírez persiste. El mandatario violó la veda que se estableció con motivo de la consulta popular de agosto pasado, según la resolución que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). 

Los diputados han aprovechado para no pronunciarse ante el vacío legal en torno al proceso que debe seguirse, al cual hay que añadir que los magistrados de la Sala Superior del TEPJF no fijaron un plazo para que se determine el castigo y sólo establecieron que, una vez que los diputados tomen una decisión, tendrán tres días para notificar sobre el cumplimiento. 

Según la Sala Superior del TEPJF, ante una denuncia presentada por el partido Morena, el gobernador Enrique Alfaro incurrió en una falta grave, al difundir propaganda gubernamental a través de sus cuentas en redes sociales durante un periodo en que estaba prohibido. 

Los magistrados confirmaron que los días 22, 26, 28 y 29 de julio, dentro del periodo de reflexión que se abrió para que los ciudadanos participaran en la consulta popular federal, en las cuentas de Facebook y Twitter del gobernador apareció publicidad gubernamental. 

Al revisar el contenido, hallaron que la conducta de Enrique Alfaro fue “intencional”, ya que como gobernador de un estado está obligado a conocer lo que establece la ley. Por ello, calificaron la falta como “grave ordinaria”. 

En una situación como esta, el responsable de sancionar a un funcionario público es su superior jerárquico. Sin embargo, como se trata de un gobernador que no tiene un jefe, los magistrados aplicaron una tesis jurisprudencial que señala que cuando un funcionario estatal no tiene superior jerárquico, la sanción debe ser aplicada por el Congreso de esa entidad. 

Así que el 5 de octubre llegó a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado la notificación. Al día siguiente hubo sesión de pleno, pero se decidió no remitir el oficio. Trabajadores del Poder Legislativo confirmaron que les pidieron “aguantarlo” hasta definir lo que se haría con ese tema. 

Fue hasta el 14 de octubre cuando se remitió al pleno, con la indicación de turnarse al área jurídica de la Coordinación de Procesos Legislativos para que revisara lo que sigue. 

Hasta ahora, los diputados no han informado cuál es el proceso que debe aplicarse y, aunque la falta que cometió el gobernador puede no ameritar una sanción importante, es interesante saber cómo se conducirán los legisladores, ya que aun cuando no hay un plazo ni legislación para aplicarse de manera puntual, la decisión que tomen será revisada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

El tema también cobra importancia porque se trata del comportamiento de los actores políticos en un espacio en el que se mueven normalmente con impunidad, las redes sociales. Esto, aunado a que es el espacio favorito del gobernador Enrique Alfaro para dirigirse a los ciudadanos. 

A lo anterior, hay que sumar que la sanción tendrá que publicarse en el portal del gobierno del estado y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es decir, de cualquier forma, quedará como una mancha en el historial del gobernador, por lo que de los diputados dependerá si esta es evidente o imperceptible. 

Finalmente, sería interesante saber si este lío en que se metió el gobernador implica sanciones para quienes son los responsables de manejar sus cuentas de redes sociales, pues hay que recordar que este trabajo fue privatizado y está a cargo, principalmente, de la empresa Indatcom, que es la que decide los contenidos y las pautas de las cuentas en redes sociales, tanto de las instituciones como de los funcionarios públicos. 

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