La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para los delitos de defraudación fiscal, contrabando y uso de facturas falsas fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, aseguró en su intervención que este medida viola los derechos humanos, pues es “inconvencional”. Además, rechazó la ampliación de delitos que ameritan prisión preventivo oficiosa, aun cuando se considere que ponen en peligro la seguridad nacional.

El Pleno de la SCJN dio la razón a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a un grupo de senadores de oposición que impugnaron la reforma aprobada en noviembre de 2019.

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