La realidad oficial y la que hiere víctimas

Cuando a un gobernante sus gobernados le desmienten su información y las certezas que quiere implantar como verdades; cuando le reclaman que no los atiende, como a otros sectores o grupos; cuando le piden mejores resultados de las dependencias a su cargo; cuando pese a su discurso es insensible a los problemas que enfrentan, solos, sus representados; cuando le remarcan que se sienten ofendidos por cómo caracteriza a las víctimas; cuando le solicitan sin éxito que modifique sus políticas públicas que poco han funcionado; cuando le exigen al gobernante que los incluya en el diseño de acciones sobre problemas que directamente les afectan. 

Cuando con claridad le subrayan que los lastiman las fallas de sus subordinados; cuando evade con artilugios diversos su responsabilidad y le echa la culpa a otros; cuando no reconoce que lo hecho hasta ahora en buena parte es un fracaso de su administración; cuando minimiza lo que está sucediendo y rechaza que vaya en ascenso; cuando quienes claman por su intervención hacen buena parte del trabajo, pero sin reconocerlo se lo apropian las autoridades encargadas de esas labores. 

Cuando los gobernados ejercen el legítimo derecho a criticar y a movilizarse al no hallar oídos receptivos; cuando pasan los años y casos concretos no avanzan, no hay justicia, pero sí impunidad; cuando el gobernante usa puntitos blancos de un arroz negro para falsamente asegurar que todo camina bien; cuando los reclamantes son apabullado por una dolorosa realidad, pero el funcionario público no la percibe o la niega, entonces, algo realmente grave está sucediendo. Algo doloroso. Algo, incluso, esquizofrénico. 

Lo descrito es el caso, por un lado, de señalamientos de las familias con desaparecidos en Jalisco, de colectivos y organizaciones, a las que se suman académicos, periodistas, ciudadanos y algunos políticos. Es el caso, por el otro lado, del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. 

Luego de su tercer informe sobre la seguridad en Jalisco, dos documentos refutan lo informado y opinado por el mandatario, como denuncian estos dos párrafos: 

“Se dice que hay tres tipos de mentiras: las mentiras comunes, las mentiras descaradas y las estadísticas. En el informe del gobernador de Jalisco en materia de seguridad se pueden encontrar los tres tipos”. 

“El balance sobre la violencia homicida y la desaparición de personas es un ejercicio de simulación, incompleto y carente de autocrítica, que usa datos a conveniencia, guarda silencio sobre hechos graves, desconoce el esfuerzo de los colectivos de familiares y ofende la memoria de las víctimas”, apunta con tino el Comité Universitario de Análisis sobre Asuntos de Interés Público en Materia de Desaparición de Personas, de la Universidad de Guadalajara. 

El Cepad y ocho colectivos de familias con desaparecidos exigen al gobierno estatal que no criminalice a las víctimas de violencia y que informe las cifras reales sobre las desapariciones, como destaca el pronunciamiento difundido el martes pasado. De las 11 cuartillas entresaco un párrafo: 

“Las familias de personas desaparecidas afirmamos que la información presentada por el gobernador no representa la realidad que vivimos cuando nos enfrentamos a las y los servidores públicos de su gobierno. Por lo tanto, consideramos fundamental que el contexto en materia de desaparición que experimentamos en Jalisco sea presentado de manera veraz y que los datos oficiales obtenidos por colectivos y organizaciones de la sociedad civil sean contrastados”. 

Hay una realidad sobre la seguridad y las desapariciones, vista desde el poder, la del gobernador; hay otra, distinta, sufrida por las víctimas. 

Twitter: @SergioRenedDios

jl/I