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Consulta de estado

No nos engañemos, la consulta popular para la revisión del pacto fiscal, impulsada por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, es una consulta de poder político; la discusión sobre el pacto fiscal está en último término, no importa, y explico por qué. 

En este caso se trata de mostrar músculo, ¿cuál? El de Movimiento Ciudadano y el del gobernador de Jalisco. 

Alfaro Ramírez y Movimiento Ciudadano quieren enseñarle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y a su partido, Morena, cómo se hacen las consultas desde el estado, en este caso desde Jalisco. 

Se requiere la participación del 33 por ciento de los ciudadanos registrados en la lista nominal de Jalisco, es decir, poco más de 2 millones y medio de personas con credencial de elector, para que la consulta popular sea vinculante. 

Y hay que conseguir esta cifra, ¿cómo?, como sea, o mejor dicho con acarreados. En medios de comunicación y en redes sociales se ha denunciado que las dependencias del gobierno de Jalisco, en especial la Secretaría de Turismo, pero no nos hagamos de la vista gorda, no es la única que le está solicitando a los trabajadores de confianza invitar a más ciudadanos a participar y no importa la decisión, lo relevante es que la gente vaya a las urnas, se registre y emita su voto. 

La meta es llegar al 33 por ciento y creo que faltó presupuesto para ver a las empresas de comunicación que trabajan para el gobierno de Jalisco y Movimiento Ciudadano hacer de las suyas, no he visto aún anuncios sobre la maldad que existe en el pacto fiscal ni he escuchado canciones de Yuawi López. 

El presupuesto de la consulta popular sobre el pacto fiscal es de 22 millones 546 mil 230 pesos. 

Tampoco es nuevo que las consultas populares sean instrumentos políticos; el presidente de México, las creó y las selló así. 

Las consultas impulsadas por López Obrador han sido políticas, la más reciente es un ejemplo de ello, la consulta popular para enjuiciar ex presidentes. Primero todos debíamos de votar y a la hora de la hora mejor no vayan. 

Pero regresando a Jalisco, los funcionarios que trabajan en el gobierno estatal tienen que hacer difusión de la consulta popular del pacto fiscal y como ya dijo la presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPCJ), Paula Ramírez Höhne, no se puede prohibir que los funcionarios difundan o promocionen la consulta popular y tiene razón. 

Es una consulta impulsada por el gobernador y sus funcionarios tienen el derecho a hacer promoción de la consulta, pero no tienen derecho de presionar a empleados para que lleven cierto número de personas a votar, ni exigir pruebas de que los empleados de confianza fueron a votar. 

Estas malas prácticas dañan el ejercicio de la consulta popular, que desde mi punto de vista debería de empoderarnos como ciudadanos, no desmotivarnos de la democracia participativa y realmente entrar en la discusión del tema, en este caso el pacto fiscal. 

Tendríamos que estar debatiendo esta pregunta: “¿Estás de acuerdo en que cada seis años, se revisen los términos de la coordinación fiscal y la manera en la que la Federación distribuye los impuestos, para que se decida si Jalisco se mantiene o sale del pacto fiscal?”. 

Pero no es así y tendríamos que estar viendo al IEPCJ promoviendo estas discusiones sobre la participación ciudadana, pero no, tocó en mal momento, se juntó con la elección extraordinaria de Tlaquepaque. 

En Jalisco se podrá votar esta consulta los días 27 y 28 de noviembre, 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de diciembre. Y como es una consulta política, cada quien decide a quién le hace el caldo gordo. 

mtorres@siker.com.mx

jl/I