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Lengua-je soez
Si el gobierno de Jalisco ya se gastó los 140 millones de pesos que estaban destinados para el Museo de Ciencias Ambientales en otros proyectos como lo anunció hace días el gobernador Enrique Alfaro, incumpliendo la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de congelar esos recursos, la Fiscalía General de la República debe abrir una carpeta de investigación, señaló Juan Carlos Guerrero Frausto, abogado general de la Universidad de Guadalajara.
Recordar que tras darse a conocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la imposibilidad de utilizar los 140 millones de peso en disputa entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro señaló que no cumpliría el mandato porque ya se había licitado y designado, situación que de consumarse implica represalias mayores.
“Si el gobernador no acreditara que está cumpliendo con la suspensión, la ministra tendría que dar parte a la Fiscalía General de la República para que se abriera una carpeta de investigación y se consignara a la autoridad que está incumpliendo”.
El abogado de la Universidad de Guadalajara, Juan Carlos Guerrero, indicó que independientemente de que el gobernador Enrique Alfaro esté de vacaciones, el gobierno de Jalisco tiene 15 días para acreditar que los recursos están disponibles y no se han gastado.
“Lo que la Corte le dijo al gobernador es que tiene que cumplir, que tiene 15 días para acreditar que la partida está fondeada con los 140 millones y para informar y decir que no va a mover ni un solo peso, en cuanto la corte no resuelva el conflicto”.
Juan Carlos Guerrero añadió que si hay mandato de la Corte, el gobernador y cualquier gobierno debe acatarlo, nadie está por encima de las leyes y el Estado debe garantizar que no haya atropellos.
Confía en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva que los 140 millones de pesos le pertenecen a la Universidad de Guadalajara, y que los únicos que pueden modificar su destino es el Consejo Universitario.
Reiteró que esta controversia constitucional contra el Gobierno de Jalisco no es solo por recursos públicos para la conclusión de un museo, sino que es una lucha por la autonomía de la Universidad.
EH