Información y rendición de cuentas, binomio complejo

Recientemente, en las actividades que vemos en el espacio de representación política, parecería que hay muchos momentos en que se olvida, precisamente, el carácter de representación que tienen los administradores públicos de alto nivel, y que ponen en funcionamiento estrategias de gobernabilidad en las que la rendición de cuentas, base de la representación, constituye un tema polémico, y no debería serlo. Sobre este apartado la administración pública busca los mejores argumentos legales, no necesariamente sociales, para establecer estrategias que pasen por alto dicha obligación. 

Es importante recordar que el esquema de representación tiene que ver con el hecho de que la sociedad se ha organizado, a lo largo de su historia, a partir de la contribución social en la que los ciudadanos convienen un esquema que los represente en las actividades de gestión; esto es, determinar un proyecto que permita que actores particulares definan, decidan y administren el bien público a partir de la representación. Para esto, el sistema de representación genera que la ciudadanía otorgue parte de la autonomía personal a una estructura de dirección, las facultades de organizar, estructurar y definir rutas administrativas para gestionar, de acuerdo con ese principio, el funcionamiento social. 

La representación, en consecuencia, no se trata de una potestad sin rendición de cuentas que no se establece como un factor de bondad o de voluntad por parte de los administradores, sino una obligación social e histórica que se encuentra a la base de cualquier administración pública. 

En ese sentido, la relevancia e importancia que tiene la comunicación dentro de esa perspectiva coloca a actores sociales intermedios, como lo son los medios de comunicación y los periodistas, en una relación permanente de tensión, pero también de cooperación con la administración pública. El bien público y la racionalidad de las acciones de gobierno constituyen elementos a partir de los cuales los ciudadanos definen y fundamentan su toma de decisiones. En tal sentido, la zona del intercambio simbólico entre entidades de gobierno y ciudadanos encuentra un histórico punto de relación a través de la mediación informativa de medios y periodistas, lo que contribuye en un ejercicio más integral de una vida democrática. 

De acuerdo con el portal de Aristegui Noticias, “la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades de Puebla, Guerrero y Jalisco a respetar la actividad periodística y la libertad de expresión, debido a que los gobiernos de los tres estados ‘han incurrido en conductas contrarias al libre ejercicio periodístico y el derecho de acceso a la información’”. La confrontación tiene que ver, en muchos casos, con la apropiación casi de carácter patrimonial privado, de la información pública, lo que contrapone a los dos actores con una diferencia importante, la obligación de la rendición de cuentas opera en el caso de las entidades públicas. 

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) considera que México es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Si bien, por una parte, una zona oscura la representa el crimen organizado, por otra, no ha menguado la confrontación con entidades públicas, como la Presidencia de la República, que de forma constante denuesta el ejercicio periodístico, generando una gran vulnerabilidad para la práctica de la profesión con los mensajes generados desde la administración y, por otra parte, desde la dimensión política que ésta representa. 

Se trata, pues, de comprender que en el espacio público la rendición de cuentas no se contrapone, ni significa ataques, ni a las personas ni a las instituciones que representan, sino al histórico ejercicio de informar. 

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