Médicos de San Cristóbal, acechados por el crimen 

El personal médico en San Cristóbal de la Barranca vive acechado por criminales… y por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).  

Así lo relató el doctor Oswaldo García Morales, quien denunció el acecho de delincuentes y, lejos de recibir ayuda, fue despedido. 

Como patrón, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco no le ha pagado el último salario ni indemnización por el despido, por lo que ya presentó una demanda laboral buscando su reinstalación. 

El médico cirujano partero tenía 18 años trabajando para la institución, 13 de ellos con base, y en 2021 denunció en reiteradas ocasiones las amenazas de grupos criminales, mismas que le generaron un trastorno de estrés postraumático. 

Fue el 18 de febrero de 2021 cuando un grupo de sujetos a bordo de una camioneta Suburban de modelo reciente le cerró el paso al vehículo oficial de la SSJ en que el médico se desplazaba. De ella bajaron cuatro hombres armados, quienes le ofrecieron armas y le ordenaron distribuirlas, pero él se negó. “Te va a llevar la verga”, profirieron antes de irse. Ésa fue la primera de varias ocasiones en que lo amenazaron. 

Luego presentó una denuncia y el ministerio público ordenó medidas de protección a su favor, algo que quedó solo en el papel. 

A raíz del acecho, Oswaldo presentó síntomas de ansiedad que eventualmente lo llevaron a una hospitalización en el Hospital Valentín Gómez Farías del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Su médico tratante sugirió cambiarlo de centro de trabajo debido a la inseguridad y le extendió una incapacidad por cuatro días. 

Fue en ese momento cuando la SSJ decidió cesarlo con la justificación de que se había ausentado a trabajar injustificadamente y a pesar de que les notificó a varios de sus superiores de su situación deteriorada de salud. El 5 de diciembre le mandaron a un policía para desalojarlo del consultorio.  

Oswaldo García aseguró que hay muchos otros médicos y personal de enfermería en la región que no se atreven a denunciar ese tipo de actos ilícitos, ya sea por miedo o porque trabajan por contratos eventuales y hacer pública la situación implicaría su despido.  

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