Protestar, un riesgo en Jalisco

A los miles de continuos e irresueltos asesinatos, muchas veces precedidos de secuestros en la calle, negocios o la casa de las víctimas, se suma el crimen de defensores de derechos humanos, en este caso del derecho a un ambiente sano. Sucedió ahora con la abogada Verónica Patricia Guerrero Vinueza, victimada a tiros el 3 de febrero cuando se hallaba en su vehículo en la colonia El Mirador, en Tonalá. Protestar, movilizarse, es un riesgo en Jalisco.

La abogada encabezaba la lucha de vecinos contra el manejo irregular del basurero de Matatlán por parte de la empresa Caabsa Eagle. Al cerrarse Los Laureles, Caabsa decidió arrojar toneladas de inmundicia en Matatlán. La contaminación que genera, el riesgo de adquirir enfermedades y los terribles olores movilizaron a vecinos del fraccionamiento Urbi Quinta Montecarlo. Se trataba de protestas pacíficas. Demandaban el cierre del tiradero. ¡No más basura!, exigían a gritos en la calle. El basurero está tan cerca que, en la tarde, en la noche, “te despiertas y parece que tuvieras el bote de basura a un lado de tu cama”, narró la abogada el 12 de diciembre al periodista Juan Carlos Toral.

Es un feminicidio que ligo a una línea de investigación porque sobresalen dos hechos: uno, que tres semanas antes de que le arrebataran la vida, el 12 de diciembre, la abogada pidió al gobernador Enrique Alfaro y al alcalde tonalteca, Sergio Chávez, que no olvidaran a los vecinos, que voltearan hacia el fraccionamiento, que les hicieran caso, que no podían vivir en esas condiciones. Como parte de las protestas bloquearon el acceso al tiradero. En respuesta, ella y otros vecinos recibieron amenazas para que desistieran. Verónica temía por su vida. Por eso amainaron las protestas.

El segundo dato, denunciado públicamente, con imágenes de los presuntos participantes, ocurrió a principios de enero. En camionetas, varones circulaban al parecer armados y exigían que fueran retiradas las pancartas que en las calles colocaron los vecinos inconformes. Ambos datos apuntarían a que el asesinato podría estar relacionado con el activismo valiente de la abogada. La Fiscalía del Estado tendrá que resolver el crimen y atrapar al o los culpables.

Uno supondría que al difundirse a través de medios informativos las amenazas, de divulgarse en redes sociales y en mensajes en que se arroban las cuentas de Twitter de Alfaro, Chávez y cualquier otro alto funcionario, que la llamada de auxilio tendría prioridad para atenderse, brindar seguridad, investigar. Pero no es así. No fue así.

¿Hay quiénes rastreen esas demandas en los ámbitos federal, estatal o municipal? ¿Cuántos mensajes de desesperación, de súplica, en la antesala de la muerte, no son valorados ni tomados en cuenta? ¿Son otra muestra del desprecio, promovido por el gobernador, hacia las denuncias de los medios informativos? ¿Las alertas mediáticas y ciudadanas de situaciones que ponen en riesgo la vida de jaliscienses son menospreciadas?

A Guerrero Vinueza la asesinaron a plena luz del día. A escasas seis cuadras de la Presidencia Municipal de Tonalá. La empresa se deslindó del crimen. El alcalde lamentó el asesinato. La Fiscalía del Estado mandó un rutinario boletín de prensa. Su muerte sigue impune. Las corporaciones de seguridad están rebasadas.

Los asesinatos continúan imparables. Grupos armados siguen derrumbando puertas, entrando encapuchados a las casas, secuestrando y luego abandonando los cadáveres de las víctimas. Ha sucedido una y otra vez. Como ocurrió con el adolescente Eduardo Salomón, este 4 de febrero en Los Fresnos 2, en Tlajomulco. De nada valieron las súplicas de su familia de que lo regresaran sano y salvo. Lo asesinaron. Ante tanto horror, que la indignación se convierta en masiva movilización social.

Twitter: @SergioRenedDios

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