Fiscalía General frente a la legalidad y legitimación

En las últimas semanas y en diferentes partes del país, el tema de la legalidad y la legitimidad han hecho su aparición debido a disposiciones administrativas y a declaraciones que buscan establecer ejercicios de administración pública y de gobierno, en algunos casos al margen de órdenes legales; y en otros, a través de la descalificación de diferentes actores que genera la gran confrontación que debería ser parte del juego político de los partidos, pero desde la perspectiva de que solamente desde las instancias ejecutivas se confecciona el sentido auténtico y dirección de gobierno. Esto deja fuera las discusiones y negociaciones al intentar imponer criterios únicos sin que exista una negociación en el espacio de la legitimación. 

El Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, tiene registrados “hasta el mes de marzo de este año, que el presidente Andrés Manuel López Obrador habría presentado 42 iniciativas, de las cuales 36 han sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación”. Las iniciativas presentadas han pasado sin modificación y, ciertamente, prácticamente sin discusión alguna, en las cámaras que se han convertido, no en la expresión de la diversidad política de nuestro país, como en los años de la conformación del Instituto Federal Electoral, sino en una mera ventanilla de trámite. De esta forma, entre otros, dos proyectos de reforma de gran peso se encuentran en una discusión interesante, la Ley General de Hidrocarburos, aprobada el año pasado por las cámaras, pero actualmente en revisión respecto a la constitucionalidad de la misma por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); y el segundo, que de momento es solamente intención o amago, la iniciativa de reforma electoral. 

En este momento están perfiladas elecciones en seis estados: Durango, Tamaulipas, Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca y Quintana Roo. El gran reto de Morena es mantener la estructura de dominio que quiere el presidente, porque las elecciones se realizarán justo después de la consulta de revocación de mandato que, sin duda, no tendrá los indicadores esperados por la Presidencia de la República que intentó modificar, en la narrativa, el sentido de la revocación por ratificación, y el 10 de abril habrá amargos discursos presidenciales en contra del órgano electoral encargado exclusivamente de la organización técnica de la consulta. 

En tanto todo esto sucede, continúa un problema complejo como lo es el hecho de sostener en la Fiscalía General de la República (FGR) a un funcionario que actuó en total desapego de la legalidad para mandar a prisión a la pareja de su hermano, que murió por enfermedad, así como a la madre de ésta. Los recursos utilizados para esos hechos fueron los del beneficio del cargo de Estado que ostenta el fiscal e influyó sobre la Fiscalía de la Ciudad de México para lograr una sentencia condenatoria de un delito que no existe y que, por cierto, ya había sido rechazada antes del nombramiento del FGR. El problema es que, una vez atraída la controversia del caso por la SCJN, dio como resultado la declaración de nulidad del procedimiento. Sin embargo, la Suprema Corte no fue más a fondo del asunto por el claro procedimiento irregular en contra de los derechos humanos de las personas afectadas. 

Respecto de la legalidad, el nombramiento del fiscal le corresponde al Ejecutivo turnarlo al Senado para que se le ratifique y, en ese sentido, no hay controversias en la parte legal. Sin embargo, si consideramos que la legitimidad debería mostrar las razones por las cuales el orden institucional y sus representantes son los adecuados para emplear el poder político buscando el margen efectivo de funcionamiento del estado de derecho, las cosas definitivamente no se sostienen para las dos fiscalías. 

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