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Un México violento
Porque nos la quitaron
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación por actos de violencia sexual de un profesor en contra de una estudiante de secundaria de Autlán de Navarro.
Al margen de una posible responsabilidad penal del maestro, la defensoría acreditó en la Recomendación 15/2022 que el servidor público realizó acciones premeditadas para ganarse la confianza de la menor, con el propósito de cometer abuso sexual infantil.
La situación inició en marzo de 2019 en la secundaria general 96 Jaime Llamas García. La defensoría consideró que las acciones del profesor buscaban ganarse la confianza de la adolescente, favoreciéndola respecto al resto de sus compañeros con un trato distinguido.
El docente integró a la víctima a la escolta y la dejaba encargada del grupo cuando salía del salón. También le pidió ayuda para organizar algunos eventos y buscaba acercarse a ella, sobre todo en los sitios donde se almacenaba material y mobiliario.
En determinado momento le propuso tener relaciones sexuales, pero ella se negó y él realizó tocamientos en contra de su voluntad, además de amenazarla con castigos en caso de que no accediera.
La CEDHJ sostiene que, ejerciendo poder sobre la menor de edad, abusó sexualmente de ella en dos ocasiones. La última vez, el 7 de octubre de 2019, puso candado en el aula para cometer los ultrajes.
Los padres de la adolescente se enteraron y se quejaron ante las autoridades escolares, pero no tomaron medidas de debida diligencia reforzada para proteger a la víctima, ni procedieron administrativa y penalmente contra el profesor.
La directora del plantel y otros administrativos tomaron el caso, pero no atendieron la queja.
Entonces, la menor de edad denunció los hechos en la Fiscalía del Estado y el dictamen forense mostró afectaciones psicológicas en la víctima, al igual que una valoración psicológica de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Por ello, la CEDHJ recomendó a la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) una serie de medidas para la reparación integral del daño y la sanción del violentador y del personal administrativo que fue omiso en proteger a la víctima.
JB