Quitan auto a víctima por confundirlo con uno robado

Al confundirlo con un coche robado, el vehículo de una mujer fue asegurado por orden de la Fiscalía del Estado y enviado a un corralón donde a la fecha acumula una deuda impagable para su dueña. 

Así lo acreditó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) al emitir la recomendación 21/22, documentó en el que evidenció violaciones a los derechos humanos de la víctima. 

El 11 de noviembre de 2020, la mujer estaba en su trabajo cuando se dio cuenta de que unos policías estatales estaban revisando su vehículo, un Nissan Versa. Al preguntarles por qué lo hacían, ellos le argumentaron que la matrícula tenía reporte de robo, pero ella ya conocía de esa situación y tenía papeles para demostrar que se trataba de un vehículo distinto y que su automóvil no era el que estaba reportado como robado. 

Los policías la escoltaron hasta la Fiscalía para demostrar la propiedad del vehículo, pero no la dejaron pasar con el ministerio público; le dijeron que solamente ellos podían llevarle los papeles a la autoridad. 

Luego de hablar con el ministerio público, los policías salieron a pedirle a la víctima que les diera dinero para dejarla ir con el vehículo, pero ella no aceptó y le retuvieron el auto. El ministerio público dio la indicación de retirar el vehículo y trasladarlo al corralón. 

Para acreditar la propiedad del vehículo, la mujer tuvo que acudir a la Fiscalía durante varias semanas a realizar distintos trámites, incluso tuvo que acudir a Chapala a solicitar unos documentos. 

Un mes después de retener el automóvil, la Fiscalía autorizó la devolución con la orden de entregarlo sin placas, pero a la víctima le pareció injusto pagar por sacar el vehículo y solicitó una condonación, pero no le fue concedida. 

Hasta abril de 2021, la víctima tenía que pagar 14 mil pesos de pensión más gastos de grúa para obtener de vuelta su automóvil, pero no cuenta con recursos para liberarlo. 

Al revisar el caso, la defensoría acreditó que la ministerio público de la Unidad de Investigación contra Robo de Vehículos transgredió los derechos de la víctima a la legalidad y a la seguridad jurídica, a la propiedad y posesión, y a las buenas prácticas de la administración pública. También se le perjudicó con el cobro indebido de contribuciones.  

Asimismo, detectó que en este caso también tuvo responsabilidad el director de Depósitos Vehiculares de la Secretaría de Administración. 

Por las irregularidades encontradas emitió una serie de recomendaciones a la Fiscalía y a la Secretaría de Administración, entre ellas realizar la reparación integral del daño y prevenir que vuelvan a repetirse situaciones similares, así como sancionar a funcionarios públicos responsables. 

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