Oportunidad de decir la verdad

El 12 de octubre pasado la ex coordinadora de Gestión del Territorio del gobierno del estado, Patricia Martínez Barba envió a El Diario NTR Guadalajara una carta de dos cuartillas a propósito de la información publicada sobre sus viajes al extranjero, por el país y por el estado. Entre los puntos que planteaba, cuestionó que no se le hubiera buscado como “contraparte”.

La información que se había publicado fue generada por ella. Lo que la funcionaria, como la mayoría de quienes se dedican a la política no entiende, es que la transparencia le dio la oportunidad de decir la verdad en dos ocasiones y prefirió la opacidad.

La nota que se publicó ese día y que motivó su carta está basada solo en información que Patricia Martínez proporcionó para que se publicara en la página web de la Contraloría del Estado, en el apartado de viáticos que cobran los funcionarios del gobierno del estado.

Los gastos que realizan los funcionarios públicos en sus viajes con recursos públicos son información fundamental, según lo establecido en el inciso s del artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco.

Para cumplir con esta obligación, el actual gobierno ha decidido publicar lo mínimo indispensable, que consiste en las fechas, el lugar y el monto general de los gastos y en algunos casos la agenda. En cuanto a los objetivos y resultados, podemos hallar generalidades y frases de “machote”.

Así que, ante la falta de información, Patricia Martínez tuvo una segunda oportunidad de decir la verdad, cuando vía transparencia se pidieron los comprobantes de sus viajes, esos que cualquier trabajador, ya sea en la iniciativa privada o en el sector público tiene obligación de presentar cuando recibe viáticos para trasladarse por razones de trabajo.

La información que se entregó fue incompleta y en la mayoría de los viajes ni siquiera se proporcionó. Luego, vino la carta de la funcionaria en la que nuevamente renunció a decir la verdad, pues aseguró que se había entregado la información completa y que ésta no se había tomado en cuenta.

Entre las políticas que en materia de comunicación se han seguido en el actual gobierno estatal están las respuestas por escrito o “fichas aclaratorias” a las notas publicadas. Sin embargo, después de esas fichas, en las que normalmente no hay las respuestas necesarias, no se admiten preguntas adicionales.

Este fue el caso de la carta de la ahora titular del Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara, a quien vía comunicación social se le planteó la posibilidad de modificar la información en la que no decía la verdad, como su señalamiento de que no viajó en primera clase, a pesar de que al menos hay un boleto en clase VIP; pero su respuesta fue que “no hay más comentarios qué hacer”. 

Pero regresemos al tema de la transparencia. En la práctica, las autoridades siempre buscan reducir al mínimo lo que publican y, en la mayoría de los casos, no hay documentos de respaldo.

De esta forma, los funcionarios dejan ir la oportunidad de decir la verdad a los ciudadanos y que éstos puedan conocer los detalles del destino que se da a los recursos públicos.

Exigir que haya una “contraparte” a información que la misma funcionaria entregó resulta por demás curioso, pues equivale a que ella misma señale que algo que reportó no es verdad. Además, es evidente que la información no se entregaría completa, pues las anomalías en torno al uso que dio al dinero público son evidentes.

La transparencia tendría que ser más que un discurso y convertirse en una verdadera ventana a lo que sucede en los gobiernos.

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