Denuncia CEDHJ posible defraudación fiscal y abuso de autoridad en pasada administración

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) interpuso cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) contra la anterior administración después de encontrar inconsistencias administrativas durante el proceso de entrega-recepción.

Este miércoles 23 de noviembre, la CEDHJ acudió ante la FGR a interponer una denuncia por posible defraudación fiscal ya que, a decir del director de Asuntos Jurídicos, Javier Ulloa, la administración pasada dejó de pagar 20 millones de pesos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Esta es una comisión por omisión. No se hace lo que se debe hacer y produce un resultado que no debe producir. Se violaron disposiciones fiscales contenidas tanto en el Código Fiscal de la federación, como en la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Es comisión por omisión porque además lo sabían”.

Indicó que la CEDHJ sabía desde 2021 de esta omisión ya que el propio organismo mandó a hacer una auditoría externa que arrojó como resultado este adeudo, pero aun así no se pagó.

Ulloa dijo que fueron más de 6 millones de pesos en 2018; más 5 millones de pesos en 2019; alrededor de 4 millones de pesos en 2020, y más de 3 millones de pesos en 2021, lo que da un total de 20 millones de pesos de adeudo entre el ISR no pagado y los recargos que esto generó.

“Ese dinero que no se le pagó al fisco hicieron una transferencia de partidas a una partida que se llama asimilados a salarios y se supone, ya el ministerio público nos lo dirá, que contrataron a sus cuates y por ahí salió el dinero”, añadió.

Además de esto, interpusieron tres denuncias más ante la FECC por abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.

La primera tiene que ver con contratos que otorgó la CEDHJ a trabajadores con una temporalidad que excedió la anterior administración.

“Encontramos contratos que rebasan el término constitucional de esta administración y además encontramos contratos que lo que intentaron fue basificar al personal. Hicieron un dictamen, dijeron ‘estas personas ya tienen derecho a su nombramiento definitivo’ y luego les entregaron un nombramiento definitivo”.

La segunda, por un adeuda al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) derivado de un inmueble que la CEDHJ tenía bajo un contrato de comodato con el Ayuntamiento de Tlaquepaque.

“No sabemos qué hacían ahí, ¿para qué querían esa casa? Honestamente no sabemos, pero ahí estaba la casa. Decidimos entregarla porque si no tiene un uso, hay que entregarla. Nada más que nos dice el Ayuntamiento de Tlaquepaque, ‘nada más que en ese contrato de comodato tú te obligaste a pagar los servicios’ y de agua, solo de agua, se deben 172 mil pesos”.

Y, la última, por un contrato multianual con la empresa de telefonía móvil Radiomóvil Dipsa que también excedió el periodo de la administración pasada y, afirmó Ulloa, deja la CEDHJ con un daño patrimonial de 29 mil 336 pesos.

EH