El gobierno de Jalisco, los municipales y las delegaciones federales deben replantear el combate a la pobreza en la entidad, señala Carolina Toro Morales, experta en medición de políticas públicas.
Para empezar, considera, se necesita reforzar una gestión de la política de combate en torno a resultados de problemas públicos específicos, “lo cual requiere una discusión técnica acerca de la evidencia disponible antes de la asignación presupuestal: diagnósticos, evaluaciones, resultados de las mediciones de pobreza, entre otra información, que den luz a la toma de decisiones en materia social”.
Lo anterior, añade, requiere un gran liderazgo técnico y acompañamiento de las instancias que proveen información para la asignación presupuestal y la selección de programas y proyectos estratégicos, según su artículo Pobreza a la luz de la tendencia global, nacional y estatal, publicado por UdeG/Transversal en abril pasado.
“Es importante que todo el aparato del Estado piense en términos de contener la pérdida de ingresos de los hogares, desde el Sistema Intermunicipal de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), con el comportamiento de sus tarifas, hasta la Secretaría de Hacienda Pública con la presentación de sus proyectos de leyes de ingresos. La política social no solo se trata de transferencias y subsidios, sino también de política fiscal y calidad de servicios públicos que reduzcan el gasto de los hogares en pago de servicios privados que suplen la mala calidad de lo público”, agrega.
Por ello, considera que al hablar de políticas públicas que disminuyen la pobreza es inevitable hablar de los sistemas fiscales.
“Es común hablar del impacto favorable de los sistemas fiscales sobre la desigualdad; sin embargo, se deja de lado analizar la forma como estos mismos sistemas pueden llegar a tener efectos negativos en la pobreza”. Mientras que la política fiscal reduce inequívocamente la desigualdad de ingresos, esto no siempre es cierto para la pobreza.
De manera que “algunos impuestos (sobre todo los que impactan el consumo de bienes básicos) hacen que los pobres sean más pobres, incluso con todo y transferencias. En este caso es interesante analizar las políticas en materia tributaria que han tomado tanto el gobierno de Jalisco como los Municipios del área metropolitana en los últimos años, específicamente en lo relacionado con el predial, las tarifas del transporte y otros aumentos que terminan por impactar la economía de las familias en mayor medida de lo que puede ayudar la política social”.
Una tercera recomendación: “Es imprescindible una estrategia que mejore el acceso a servicios de salud en el estado (consultas, servicios y medicamentos) y revierta el deterioro de la salud pública derivado de múltiples causas de orden federal, estatal, financiero, administrativo, entre otras. La única explicación posible radica en que la salud es un derecho social y, como tal, todos los órdenes de gobierno deben hacer uso de sus atribuciones para garantizarlo”.
La cuarta recomendación: “Pese a que se ha dado una recuperación del salario mínimo, también se ha incrementado el precio de los alimentos. En este sentido se sugiere ampliar y reforzar los programas de seguridad alimentaria. Según la CEPAL (2022), los quintiles más bajos son los que se ven desproporcionadamente afectados frente a este tipo de fenómenos, ya que reducen o sustituyen el consumo de bienes esenciales o ingieren alimentos de menor calidad, lo que tiene consecuencias sobre el desarrollo cognitivo y la salud de futuras generaciones”.
Finalmente, “garantizar el acceso a la educación de todas las personas de 3 a 21 años. Se han identificado los beneficios de la educación sobre distintos indicadores de bienestar que disminuyen los factores que aumentan la pobreza. Un estudio reciente muestra evidencia de que el acceso gratuito a educación (media o superior) aumenta el logro educativo, el conocimiento, las habilidades y los comportamientos de salud preventiva, al tiempo que reduce la fertilidad femenina a temprana edad”.
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