Mediante un pronunciamiento, las poblaciones nahuas de la comunidad indígena de Ayotitlán, en Cuautitlán de García Barragán, exigieron al gobierno de la República que pare la violencia contra las y los comuneros, y la instalación de una base de la Guardia Nacional (GN).
El escrito fue dirigido a la Oficina de la Presidencia, Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, GN y otras dependencias federales y de Jalisco. La justificación es que desde 2019 se ha recrudeció la violencia en la zona.
En el documento se enumeran 13 hechos de violencia ocurridos entre 2019 y 2023, y entre ellos se incluyen desapariciones, asesinatos y amenazas. El hecho más reciente ocurrió el 20 de septiembre, cuando pobladores de Las Pesadas y Cerro Prieto fueron amenazados e intimidados por personal del consorcio minero Benito Juárez-Peña Colorada, gente armada –presumiblemente del crimen organizado– y el comisariado ejidal de Ayotitlán.
El objetivo de la amenaza fue obligar a los comuneros a dejar sus tierras a disposición de la minera para la explotación, sin recibir nada cambio. Es decir, buscaron despojarlos.
“Los poblados de Las Pesadas y Cerro Prieto fueron citados por Roberto Cobián, presidente del Comisariado de Ayotitlán, en el crucero que une ambas localidades, y una vez reunida la población, ante personal de la minera y gente armada, al parecer del crimen organizado, se anuncia a la población indígena, sin previa consulta, que en dicho crucero el consorcio minero abrirá un nuevo yacimiento y explotación minera, en virtud de que la del cerro de Los Juanes está llegando a su fin”, indica parte del documento.
Los poblados también documentaron el asesinato de Rogelio Rosales Ramos en 2020; el secuestro y asesinato de Santos Isaac Chávez en 2021; el asesinato de Javier Contreras González y de Zeferino Ciprián Prudencio en 2022, entre otros más.
Por todo ello hicieron seis demandas puntuales a las autoridades federales y estatales y entre ellas está la instalación de una base de la GN en la zona limítrofe entre Jalisco y Colima.
“Se instale en el territorio indígena limítrofe de Jalisco-Colima una base eficiente de la Guardia Nacional (GN) a fin de salvaguardar la paz y el precario Estado de derecho que tenemos en esta porción del territorio, tomando en cuenta que gracias a la comunidad indígena nuestra, el estado de Colima logró tener hoy cuatro municipios (Comala, Minatitlán, Coquimatlán y Manzanillo) y Jalisco cinco municipios (Cihuatlán, Cuautitlán, Tolimán, La Huerta y Casimiro Castillo)”.
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