Suplencias

¿Qué cree usted que ocurriría con un negocio familiar en el que la persona que lo echó a andar un día dice que ya cansó, y les dice a sus empleados que de ahora en adelante las decisiones las tomará su hija, pero que a los dos días esa persona decide que quiere seguir al frente, y luego la siguiente semana dice que siempre no, y así sucesivamente?

Es claro que en cualquier organización a veces es necesario suplir a quien toma las decisiones, sin embargo, eso suele ser una excepción. O cuando sus ausencias son frecuentes, es usual que la persona a cargo le delegue a alguien más la toma de decisiones de los asuntos rutinarios, y se reserve los más importantes para cuando regrese, y para evitar malentendidos, eso se hace del conocimiento de quienes necesitan estar al tanto. De otra manera se corre el riesgo de que se haga un mal uso de los recursos de la organización, y hasta se comentan fraudes o robos.

Si dejar claro quién está a cargo de qué es importante aún en una pequeña empresa, lo es más aún en una organización pública, porque están en juego los recursos públicos y la provisión de bienes y servicios que contribuyen a satisfacer las necesidades de la población, y a garantizar sus derechos.

Además, en el caso de las organizaciones públicas la situación es más compleja, debido a que quienes ejercen una función pública solo pueden hacer aquello que la ley les ordena, a diferencia del resto de las personas, que pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíbe. Esto significa que quien ocupa un cargo público solo lo puede delegar de la manera en que la ley lo estipula, no puede ser de otra manera debido a que se corre el riesgo de que se cometan abusos de autoridad o que alguien usurpe funciones públicas.

Como puede ver, se trata de mantener la estabilidad de nuestras organizaciones públicas, y esto se hace así porque durante una buena parte del siglo 19 nuestro país padeció una gran inestabilidad, provocada por los cambios continuos y repentinos de gobernantes, lo que hacía que no se pudieran aplicar las leyes, y la gente no supiera a quién debía acudir para que sus demandas y/o necesidades fueran atendidas. ¿Se imagina tener que enfrentar la situación de que alguien llega y se proclama gobernante, y luego llega otra persona y hace lo mismo, y luego otra más? ¿A quién habría que reconocerle el cargo?

Precisamente, nuestro sistema electoral se diseñó para determinar de manera legítima quién nos va a gobernar, y nuestras Constituciones, la federal y las estatales, establecen los procedimientos a seguir para sustituir o reemplazar a un gobernante, cuando sea necesario, a fin de preservar esa legitimidad y mantener la estabilidad de las organizaciones de gobierno.

Veamos, por ejemplo, el caso de Nuevo León. Su Constitución establece en su artículo 121 que cuando el Congreso le otorgue al gobernador licencia para ausentarse por 30 días naturales o menos, es el gobernador quien decide quién se queda a cargo del despacho, o en su defecto se quedará el secretario general de Gobierno.

Si la ausencia es mayor a 30 días naturales, el artículo 122 dice que el Congreso nombrará al gobernador interino, sin especificar ningún criterio para determinar quién será. Es decir, el Congreso, como representante del pueblo de Nuevo León, es quien tiene la facultad, y, dicho sea de paso, la legitimidad, para designar al gobernador interino.

Por cierto, el artículo 123 establece que no se le puede otorgar una licencia de más de seis meses al gobernador, porque si se excede de ese tiempo, entonces cesará su cargo, y habrá que elegir a uno nuevo. Es la ley.

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