Desapariciones e impunidad

Esta semana se confirmó algo que hemos venido avisando desde hace tiempo: cualquier persona puede ser víctima de desaparición en nuestro estado.

El pasado lunes, el periodista Jaime Barrera, quien tiene participación en prensa, radio y televisión, fue raptado a plena luz del día, al salir de una radiodifusora. Su familia dio a conocer el hecho por la tarde, y esa situación causó alarma entre periodistas, y muchas otras personas.

Como Jaime cuenta con mucho reconocimiento y visibilidad, la movilización social a favor de su localización con vida fue muy grande, al grado de que el propio gobernador de Jalisco decidió ocuparse personalmente del caso. Adicionalmente, el martes por la tarde hubo una gran manifestación en el Centro de Guadalajara exigiendo su localización.

Parece que esa reacción social fue clave para que sus captores decidieran dejar libre a Jaime, el miércoles por la madrugada, en el municipio de Magdalena, Jalisco, donde él mismo se puso en contacto con agentes de la Guardia Nacional que lo resguardaron.

Afortunadamente Jaime ya está a salvo, pero es claro que su caso no tuvo el mismo trato que otras decenas de miles de casos de desaparición. Podemos decir que a Jaime lo salvaron su fama, porque la noticia de su desaparición provocó un gran movimiento en los medios de comunicación, incluso internacional, y los contactos que él y su familia tienen en el círculo de la política, que no es el caso de todas las demás personas desaparecidas en nuestro país.

Este caso debe ser el punto de partida para que exijamos a nuestras actuales autoridades, y a quienes piden nuestro voto, que se haga lo necesario para empezar a resolver este problema tan grave y doloroso.

En el corto plazo es necesario dotar del presupuesto suficiente a las instancias públicas dedicadas a la búsqueda de personas, y cumplir todos los artículos transitorios que están pendientes desde la promulgación de la ley sobre desaparición de personas y de declaración especial de ausencia, que el Cepad ha documentado.

En el mediano plazo, y esto es algo que deberíamos empezar a construir a lo largo del periodo electoral, necesitamos retomar la propuesta de una fiscalía que sirva, para comenzar a abatir la impunidad, que a mi parecer, es uno de los motivos por los que las desapariciones ocurren y no se resuelven. Mientras sigamos con una instancia que se dedica a espiar y controlar a los opositores políticos, en vez de procurar la justicia y la reparación del daño, la delincuencia seguirá extendiendo su poder.

Por otra parte, también necesitamos una ley de designaciones públicas, que nos garantice en la medida de lo posible, que cargos tan importantes para abatir la impunidad, como las fiscalías, así como los de jueces y magistrados del poder judicial, sean ocupados por personas con perfiles idóneos, que estén al servicio de la sociedad, y no de los gobernantes en turno.

Urge comenzar a hacerlo. El caso de Jaime Barrera es un gran recordatorio de que no estamos a salvo.

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