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Con la premisa de que la vivienda es un derecho humano establecido en la Constitución y de que el Estado debe verlo de esa forma y no como una mercancía, personas académicas y especialistas coincidieron en la importancia de regular este asunto mediante una ley inquilinaria.
Las propuestas fueron parte del foro de vivienda realizado hoy en el Congreso del Estado y organizado por la diputada de Futuro Mariana Casillas Guerrero. En él participaron el economista Maximo Jaramillo Molina; Zaida Muxí, doctora en Arquitectura, y el periodista Andrés de la Peña.
Entre las reflexiones más interesantes figuró la propuesta de Jaramillo Molina de crear una ley inquilinaria al considerar que, debido a que la vivienda se rige bajo el Código Civil, prevalece la idea de que es un negocio.
La legislación propuesta, abundó, debería incluir un tope a las rentas en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que no supere la inflación, como ya ocurre en la Ciudad de México (CDMX).
“Hay personas que se mueven del lugar donde viven por aumentos del 30 por ciento. También necesitamos un padrón de viviendas de alquiler (…) necesitamos información sobre dónde están rentando”, comentó.
El economista resaltó además que un padrón con bases y precios de vivienda evitaría la especulación inmobiliaria, y recordó que la propiedad privada también tiene un límite. Además, puntualizó que es fundamental la regulación de las plataformas de hospedaje como Airbnb, como ya ocurre en la CDMX.
Máximo Jaramillo remarcó que el acceso a la vivienda se está convirtiendo en una lucha de clases y de despojo, y dijo que es alarmante que cada vez se necesiten más días de trabajo para pagarle al arrendador por habitar una vivienda.
Explicó que en el año 2005 se necesitaban entre 70 y 80 años de trabajo promedio para pagar una vivienda, y ahora se necesitan 120 años.
“Era difícil tener una vivienda antes, pero esto ha empeorado en los últimos años. Se ha movido hacia arriba el precio de las viviendas y podemos ver cómo baja el poder adquisitivo del trabajo. El Estado debe regular el precio de la vivienda, así como se regulan otras cosas”.
Por su parte, Zaida Muxí explicó que el impacto del neoliberalismo ha provocado que se olvide que la población tiene derechos. “La vivienda no es mercancía, es un derecho”, recalcó.
La arquitecta destacó que es papel del Estado, en sus diferentes niveles, impulsar la planeación de una nueva ciudad que permita que el suelo no sea objeto de especulación e informar cuál es el suelo público que tienen las administraciones.
“Una política pública de vivienda no puede apostar a una única solución. El 1 por ciento de la población se come la riqueza del mundo y el resto no puede acceder a una vivienda”, mencionó Muxí.
Finalmente, la diputada Mariana Casillas adelantó que con el foro realizado este miércoles inician los trabajos para proponer una legislación en la materia para los primeros meses del 2025.
El periodista Andrés de la Peña indicó que la crisis de vivienda a veces se relaciona o confunde con el hecho de que hace falta construir más casas; sin embargo, apuntó que el asunto no va por allí.
“La crisis de vivienda es que la mayor parte de las comunidades se enfrenta a la gentrificación y turistificación (…) se enfrentan a precios más caros de vivienda”, acentuó.
Otro factor en la problemática es la especulación, fenómeno que, ejemplificó, ha sucedido luego de la venta de casas en la entrada al barrio de Santa Tere, en Guadalajara. Dichas viviendas fueron demolidas luego para torres de departamentos.
“En este ejemplo de la casa se evidencian muchos puntos muy claros: barrios demolidos para la producción de especulación de unidades de vivienda que no necesariamente sabemos si serán construidas. Los inversionistas son los que ganan, los que apuestan cuánto va a valer la vivienda”, indicó el periodista, quien añadió que las personas que compran estos espacios apuestan por rentarlos, pero no los habitan.
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