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Y cayeron
Aranceles como canasta básica
Desde diciembre de 2018 han sido detenidos 309 policías por desaparición forzada de personas en Jalisco. Los últimos son tres ex policías de Tala señalados por presuntamente llevar a un hombre al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, tras haberlo retenido. El testimonio de las víctimas llevó a identificar a los hoy ex elementos, quienes fueron detenidos entre 2024 y 2025 y ya están vinculados a proceso.
A inicios de mes el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) comenzó un procedimiento a México tras contar con información que apunta a que en el país las desapariciones forzadas son generalizadas. En respuesta, el gobierno federal lo rechazó y afirmó que dicha problemática no existe en la nación al menos desde 2019; sin embargo, tan sólo en Jalisco ocurrieron las 309 detenciones referidas de diciembre de 2018 a marzo de 2025, según cifras de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas (VPD) de la Fiscalía del Estado (FE).
En sus estadísticas, la VPD no hace un desglose de los datos y sólo presenta la cifra general, por lo que no es posible conocer cuántas de las personas detenidas corresponden al periodo de la pasada administración y cuántas a la actual. NTR pidió ese desglose a la FE a través de su área de atención a medios, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Tampoco aportó datos sobre cuántas de las personas detenidas han sido sentenciadas, sino sólo de las detenciones y casos que ya fueron judicializados. La VPD también dio cuenta de los municipios donde habrían ocurrido las desapariciones forzadas por las que se señala a los policías, pero tampoco hizo un desglose de los casos por demarcación.
La autoridad apunta que en 34 de los 125 municipios de Jalisco se habrían cometido las desapariciones forzadas con base en las 309 personas judicializadas. Del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se incluye a la Perla Tapatía, Tonalá, Zapotlanejo, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan e Ixtlahuacán de los Membrillos. Sólo de El Salto y Juanacatlán no hay registros.
Fuera de la ciudad figuran los municipios de Acatic, Arandas, Poncitlán, Atotonilco el Alto, La Barca, Puerto Vallarta, Autlán de Navarro, Lagos de Moreno, Tala, Santa María del Oro, Zacoalco de Torres, Zapotlán el Grande, Tuxcueca, Tecolotlán, Casimiro Castillo, Mezquitic, San Miguel el Alto, Teocaltiche, Huejúcar, Ocotlán, Sayula, Tuxcacuesco, Tomatlán, San Ignacio Cerro Gordo, San Julián, Tepatitlán de Morelos y Tonila.
Lo anterior refleja que prácticamente en todas las regiones del estado se ha detenido a servidores públicos por desaparición forzada de personas, aunque existe un foco en una franja que va del AMG a los Altos de Jalisco.
Casi todos
Siete de los nueve municipios del Área Metropolitana de Guadalajara registraron casos de agentes detenidos por desaparición forzada: Perla Tapatía, Tonalá, Zapotlanejo, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan e Ixtlahuacán de los Membrillos. Sólo El Salto y Juanacatlán no.
Ayer la Fiscalía Estatal comunicó que a través de la VPD logró obtener dos sentencias condenatorias en contra de dos ex policías de Poncitlán por estar involucrados en la desaparición forzada de un hombre en 2020.
Los señalados, Pachita N y Juan Pablo N, estuvieron involucrados en la detención de la víctima, un hombre a quien se acusaba por abuso sexual; sin embargo, tras el arresto no fue puesto a disposición del Ministerio Público.
“La víctima desapareció luego de que se le liberara por el supuesto pago de una multa y fue encontrado sin vida seis días después en un terreno”, informa el comunicado de la FE.
Ambos uniformados fueron detenidos posteriormente y se les inició un proceso penal por el delito de desaparición forzada. Recientemente, el 22 de abril, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a Juan Pablo la pena de 41 años de prisión y una multa de 10 mil días de salario acorde a la fecha en la que sucedieron los hechos; también lo destituyó del cargo e inhabilitó para desempeñar cargos públicos por la temporalidad de la pena.
A Pachita se le dictó una pena de 40 años de prisión y las mismas multas, destituciones e inhabilitaciones. Redacción
jl/I