El compromiso pendiente

Ante la crisis de desapariciones en Jalisco, el Congreso del Estado ha renunciado a su deber de constituir un contrapeso real y representar las necesidades de la ciudadanía. Durante años, sus decisiones han estado subordinadas a instrucciones partidarias y negociaciones políticas, sin rendición de cuentas, ni acciones firmes frente a las omisiones del Ejecutivo. Las últimas legislaturas han sido incapaces de priorizar reformas urgentes como la ley de víctimas o la creación de una fiscalía autónoma. Tampoco se ha exhortado la implementación efectiva de los marcos normativos incumplidos, y quedaron sin concretarse las comparecencias pendientes. El Congreso ha abandonado a quienes representa, siendo parte del problema.

Fue la presión social por el hallazgo en Teuchitlán lo que permitió generar las condiciones para la creación de la Comisión Especial de Atención a Personas Desaparecidas. Este paso abrió la expectativa de que el Congreso asuma, por fin, el rol que le corresponde ante la magnitud de la crisis, y que inicie una etapa distinta, basada en el compromiso y responsabilidad. La comisión aprobó su plan de trabajo y anunció mesas de diálogo con familiares de personas desaparecidas, especialistas, organizaciones civiles y autoridades.

Desde el 30 de abril se realizaron cinco mesas de trabajo, con participación de titulares de las principales dependencias, abordando temáticas enfocadas en búsqueda, investigación, identificación forense y atención a víctimas. Aunque fueron espacios importantes para la escucha de las familias, también se han consolidado como ejercicios de rendición de cuentas para visibilizar las deficiencias y omisiones, exigir respuestas y avanzar en la construcción del presupuesto.

Las demandas planteadas por las familias no son nuevas y llevan años repitiéndose sin respuestas. Ante ello, persisten preocupaciones sobre el seguimiento a este proceso, considerando experiencias pasadas, cuando las mesas de diálogo terminaron convirtiéndose en mecanismos de simulación y legitimación, conteniendo reclamos y administrando su dolor, sin resultados concretos. Además, aunque la comisión ha mostrado disposición para atender las peticiones, la pregunta es si se logrará generar la fuerza política suficiente dentro del Congreso para transformarlas en acciones reales.

Al respecto del tema, próximamente, el Congreso deberá aprobar el Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza, un documento que reconoce la desaparición como tema prioritario y reitera las exigencias de víctimas y compromisos incumplidos desde hace años: fortalecer instituciones, descentralizar la atención, mejorar la coordinación o crear plataformas tecnológicas interoperables. El contenido es poco concreto, con carencias en el enfoque estructural, desvinculado del marco jurídico, y sin claridad en los “cómos” e indicadores, lo que representa un riesgo de que el plan se quede en el papel. Además, temas cruciales como prevención, impunidad, participación conjunta, protección, casos de larga data, identificación masiva o el Programa Estatal de Búsqueda siguen ausentes o tratados superficialmente.

Este plan resulta clave para el rumbo de abordar el tema en los próximos seis años y la asignación del presupuesto. El Congreso, nuevamente, tiene la oportunidad de no permanecer al margen y cumplir con su deber de equilibrar los poderes, cuestionando con rigor los alcances del plan, en atención a las exigencias de víctimas de las mesas de trabajo, para que éste no sea un ejercicio más que no se traduzca en cambios sustantivos. La crisis que enfrentamos no admite más indiferencia y pasividad, y requiere posturas firmes y congruentes que no sólo abonen a la verdad y justicia, sino que también permitan reconstruir la confianza y legitimidad.

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