La realidad innegable

Desde hace años, organismos internacionales han reconocido la situación generalizada de tortura en México como método de investigación criminal. A pesar de reformas legales y avances institucionales, la tortura persiste en instancias de seguridad y procuración de justicia. Además, de forma silenciosa, se ha extendido a otros contextos, como centros de rehabilitación o espacios donde se realizan los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género.

La semana pasada, durante el Día Internacional en Apoyo a Víctimas de Tortura, fue presentado el Índice Mundial de Tortura, creado por la Organización Mundial contra la Tortura, en conjunto con más de 200 organizaciones. El índice, que abarca 26 países de cinco continentes, es una herramienta diseñada para evaluar el riesgo de tortura y malos tratos, y analizar los marcos jurídicos, políticas públicas y sus impactos.

Aunque México tiene una de las legislaciones más avanzadas en materia de tortura a nivel internacional, el índice lo clasifica como un país con alto riesgo de tortura, evidenciando que existen graves deficiencias y desafíos en la implementación de salvaguardas contra la tortura.

A ocho años de adopción de la ley general en materia de tortura, su aplicación enfrenta graves retrasos y omisiones, destacando la falta de creación de fiscalías autónomas especializadas en la investigación del delito y su dotación de recursos suficientes, la falta de consolidación del registro nacional, así como la ausencia de políticas públicas de prevención y programas de rehabilitación.

El sistema de justicia en México ha operado como un mecanismo que perpetúa la impunidad sistémica, aplicando la regla recurrente de admitir pruebas obtenidas bajo tortura que deben ser excluidas. Al respecto, la ONU-DH urgió al Poder Judicial fortalecer su compromiso con las víctimas y la erradicación de la tortura, y actuar de forma imparcial. La realidad es que, en México, la justicia para las víctimas de tortura continúa siendo un derecho inalcanzable. Un ejemplo doloroso de ello es la lucha de Luis Maldonado ante los hechos de tortura y desaparición forzada del 5 de junio de 2020, quien falleció recientemente sin haberla alcanzado.

Otro de los factores que contribuye a la permanencia de tortura ha sido también la progresiva militarización y la prevalencia e, incluso, fortalecimiento de figuras como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Asimismo, a pesar de que México fue uno de los primeros países en adoptar el Protocolo de Estambul, que establece los más altos estándares para documentar e investigar la tortura, esta herramienta ha sido más utilizada para ocultar su comisión que para abonar al acceso a la justicia.

Los persistentes incumplimientos del Estado mexicano ante los compromisos internacionales adquiridos, sólo han profundizado la crisis de violaciones de derechos humanos. Esta situación se ve agravada por la constante negación de la existencia de la problemática, lo que impide la prevención y erradicación de la impunidad. Recientemente, el gobierno mexicano rechazó nuevamente la existencia de desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas cometidas por el Estado, ante la solicitud de información en el marco del artículo 34 de la Convención Internacional del Comité contra la Desaparición Forzada.

El contexto de graves violaciones, especialmente en materia de tortura y desapariciones forzadas, representa una realidad innegable que viven miles de víctimas en México. Mientras las leyes avanzan, la verdadera transformación exige reconocer la crisis y cerrar la brecha entre el compromiso asumido y su cumplimiento en la práctica.

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