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Las organizaciones Un Salto de Vida y Nuestro Futuro presentaron un amparo indirecto ante un juzgado federal en materia administrativa del Tercer Circuito con el objetivo de detener temporalmente el proceso de evaluación ambiental de la termoeléctrica de ciclo combinado El Salto I, impulsada por la empresa Ad Astra Energía, SAPI de CV, y exigir que se garantice el derecho de la población a participar en una consulta pública sobre los posibles impactos de la planta.
La acción legal surge luego de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), negara una solicitud de consulta pública presentada por habitantes de El Salto sobre el proyecto. El argumento de la dependencia fue que el predio contemplado para la termoeléctrica se encuentra en Tlajomulco de Zúñiga y que, por tanto, los quejosos no forman parte de la comunidad afectada.
En el amparo las agrupaciones señalan que la negativa de la Semarnat vulnera derechos reconocidos en la legislación nacional y en tratados internacionales. Entre ellos se encuentra el derecho a la participación pública en asuntos ambientales, el Acuerdo de Escazú (ratificado por México), criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como la opinión consultiva 32/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declara la emergencia climática y define las obligaciones de los Estados en contextos de crisis ambiental.
Además, sostienen que la negativa carece de sustento, ya que la propia empresa reconoce en la manifestación de impacto ambiental (MIA) que el proyecto se localiza en El Salto, lo cual ha sido confirmado por el Plan de Desarrollo Urbano del municipio y el Registro Público de la Propiedad.
La MIA indica además que las emisiones del proyecto podrían alcanzar hasta 10 kilómetros, lo que afectaría directamente a comunidades de El Salto, Tlajomulco, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. También señala riesgos por la extracción de agua del acuífero Toluquilla, que abastece a todo El Salto.
En respuesta a la crítica pública, Semarnat admitió que la ubicación original del proyecto publicada en la gaceta ecológica fue un error humano, y la corrigió el 5 de junio mediante una fe de erratas para indicar que está en Tlajomulco; no obstante, las organizaciones advierten que ninguna ley limita el derecho a consulta pública según límites municipales.
Por las razones descritas las organizaciones solicitan al juzgado federal que suspenda de manera provisional el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del proyecto El Salto I, hasta que se garantice el derecho de la población a ser consultada en los términos originalmente solicitados.
La termoeléctrica referida se impulsa luego de que en Juanacatlán se cancelara una similar a principios de año por presión social de los habitantes, quienes hicieron hincapié en los efectos medioambientales que causaría en el municipio.
jl/I