Propietarios de Villas Panamericanas denuncian despojo de sus departamentos

Propietarios de departamentos en la Villa Panamericana, ajenos al fraude de más de 130 millones de pesos detectado en 2014 al Fondo Jalisciense de Fomento Empresarial (Fojal), denunciaron que autoridades estatales les han impedido el ingreso a sus viviendas desde hace más de un mes.

Según los afectados, esta medida los ha dejado prácticamente en la calle, sin posibilidad de retirar sus pertenencias, mientras personal de seguridad justifica la acción como parte de la investigación del desfalco. Los departamentos fueron adquiridos legalmente por los propietarios, quienes cuentan con documentación en regla y cumplieron con todos los requisitos legales para su compra.

Varios vecinos señalaron que, aunque pueden acceder al estacionamiento y al edificio, encontraron sus puertas selladas con avisos de “inmueble asegurado”. Hasta ahora, las autoridades no han informado cuándo podrán ingresar nuevamente ni han explicado los motivos específicos de la medida sobre estos inmuebles, que no forman parte directa de las carpetas de investigación del Ministerio Público ni de los juzgados que llevan el caso.

Grecia Galván, abogada, relató que al regresar a su departamento encontró los sellos de aseguramiento. A través de un Juicio de Amparo solicitó la suspensión provisional y definitiva para poder habitar su vivienda, pero tanto el juez de distrito como los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal negaron su petición.

El 7 de septiembre, el gobernador Pablo Lemus denunció un fraude por 130 millones de pesos relacionado con créditos entregados por Fojal para la Villa Panamericana. Explicó que los recursos se usaron para simular la compra del complejo y que participaron empresarios, notarios y abogados en lo que calificó como un “fraude monumental”. Además, señaló que se presentaron las denuncias correspondientes y se buscará revocar escrituras irregulares y presentar acciones penales contra los responsables.

Galván aseguró que ella y otros propietarios afectados son ajenos a este fraude, y reiteró que se reservan el derecho de demandar a quien o quienes resulten responsables por impedirles el acceso a sus viviendas adquiridas legalmente con ahorros y préstamos legítimos.

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