El director general de Diálogo por la Paz, Jorge Atilano González, expresó su indignación ante el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, y advirtió sobre la pérdida de control territorial que se vive en diversas regiones del país.

“Estamos indignados por esta situación que se está viviendo en Michoacán y en el resto del país, la pérdida de los controles del territorio y hacia dónde estamos caminando”, señaló el sacerdote jesuita, quien llamó a las autoridades a mirar más allá de la captura de los responsables materiales del crimen.

Atilano González subrayó que no basta con ubicar a los autores del asesinato, sino que se deben atender las causas estructurales de la violencia. “Es necesario entender qué está pasando en los territorios donde ocurren asesinatos y atentados contra las instituciones”, advirtió.

Aunque reconoció avances en las capacidades de investigación y una ligera reducción en los homicidios, aclaró que ello no implica una mejora real en materia de seguridad: “Eso no significa que haya disminuido la inseguridad”, enfatizó.

Sobre el ataque contra el alcalde de Uruapan, explicó que los delincuentes buscaron enviar un mensaje de poder y control. “Eligieron a una persona, un lugar y una fecha específica; querían crear terror y demostrar que ellos son los que están al mando”, dijo.

El sacerdote destacó la urgencia de establecer un diálogo entre autoridades y líderes locales para analizar qué prácticas están funcionando y cómo pueden replicarse. “México necesita su propio espacio de decisión y acción, pero abrirse a la colaboración internacional no vulnera la soberanía nacional; en términos de investigación, sería algo positivo para el país”, añadió.

Finalmente, Atilano González hizo un llamado a renovar las fiscalías estatales, a las que responsabilizó de frenar la justicia. “Ahí está atorado el problema de la seguridad. No hay quien sancione las malas actuaciones y eso favorece la corrupción y la impunidad”, sostuvo.

Desde Diálogo por la Paz, la organización impulsa el análisis de las buenas prácticas locales y propone evaluar la situación de violencia en Michoacán con la participación de la ciudadanía y los liderazgos locales, para construir soluciones sostenibles desde el territorio.

GR