La diputada local Norma López, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, informó que el dictamen que da origen a la Fiscalía Especializada en Tortura se encuentra ya en manos del Ejecutivo estatal, aunque su publicación oficial sigue pendiente pese a que el trámite legislativo concluyó desde hace semanas.

Según explicó, el documento fue aprobado por el Pleno y reenviado al Ejecutivo después de corregirse un error mínimo en la declaratoria de constitucionalidad, donde se omitió mencionar los artículos 35 y 35 Bis. “Fue una cuestión de forma, una coma que faltó. En cuanto se detectó, la comisión de Puntos Constitucionales sesionó, se corrigió y se volvió a enviar al gobernador”, detalló.

La legisladora advirtió que el plazo constitucional de 20 días para publicar la minuta ya venció, por lo que responsabilizó directamente al Ejecutivo del retraso. “Si no se ha publicado es porque no quieren hacerlo. No hay justificación legal”, afirmó.

López señaló que esta omisión impide que la nueva fiscalía inicie funciones y cuente con presupuesto propio, lo que afecta directamente a las víctimas. “Mientras no se publique, la fiscalía sigue dependiendo del Fiscal General, y son sus propios agentes los que investigan las denuncias de tortura. Eso perpetúa un sistema donde el torturador se investiga a sí mismo”, denunció.

Cuestionó también que, desde el gobierno estatal, se minimice el trabajo de los colectivos de derechos humanos que han impulsado la creación de esta fiscalía. “No dimensionan el impacto de esta omisión. No entienden el daño que se causa al no respetar los procesos constitucionales”, expresó.

La diputada advirtió que este retraso también frena otras reformas relacionadas con fiscalías especializadas en delitos contra mujeres y personas desaparecidas. “No podemos avanzar en esos dictámenes hasta que se publique la Fiscalía Antitortura”, subrayó.

Finalmente, López consideró que el tema revela una falta de compromiso del gobierno estatal con el Estado de derecho. “En Jalisco hay funcionarios más preocupados por sus cálculos políticos que por cumplir la ley o garantizar justicia. Así no se construye confianza ni se protege a las víctimas”, concluyó.

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