La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió al Congreso de Jalisco informar sobre los avances para legislar un procedimiento que permita expedir nuevas actas de nacimiento para el reconocimiento de la identidad de género autopercibida para niñas, niños y adolescentes luego de que se resolviera la acción de inconstitucionalidad 72/2022 promovida por organismos de derechos humanos. Aunque la Comisión de Igualdad Sustantiva reportó haber aprobado los dictámenes correspondientes, aún no hay fecha para que el pleno vote la reforma.
El requerimiento deriva de la acción de inconstitucionalidad 72/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), mediante la cual se ordenó al Poder Legislativo legislar un procedimiento sumario para el levantamiento de nuevas actas de nacimiento que reconozcan la identidad de género a fin de atender al interés superior de la niñez.
En el acuerdo, fechado el 9 y 10 de octubre de 2025, la SCJN requirió a la presidencia de la Mesa Directiva, a la presidencia de la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género informar sobre el avance del dictamen que reforma el artículo 23 y adiciona el artículo 23 Bis de la Ley del Registro Civil de Jalisco, así como la fecha en que dicho proyecto fue enviado al pleno.
En cumplimiento del oficio 5131/2025, la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, María Candelaria Ochoa Ávalos, informó durante la sesión del 4 de diciembre que dicha comisión ha emitido y aprobado los dictámenes vinculados a la acción de inconstitucionalidad 72/2022.
En su comunicación oficial, fechada el 6 de noviembre, detalló que el primer dictamen fue aprobado en febrero y votado en marzo en el pleno, donde fue rechazado, mientras que un segundo dictamen fue aprobado en comisión el 9 de septiembre y turnado para su trámite legislativo.
No obstante, aunque la comisión sostiene haber cumplido en el ámbito de su competencia, hasta ahora no existe confirmación de cuándo el proyecto será sometido nuevamente a votación del pleno, como exige el requerimiento de la Suprema Corte.
La notificación del máximo tribunal advierte que, en caso de incumplimiento, las presidencias de la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género podrían ser acreedoras a sanciones económicas personales de hasta 120 unidades de medida y actualización (UMA), es decir, 13 mil 576 pesos. El acuerdo fue firmado por el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz.
SE DESCONOCE
Aunque el requerimiento de la Corte lo exige, no hay un dato preciso sobre cuándo el proyecto relacionado al reconocimiento de la identidad de género autopercibida para niñas, niños y adolescentes será llevado al pleno del Congreso local para su votación.
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