El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, calificó como un duro golpe para los productores la reciente aprobación de la nueva Ley de Aguas.
Aseguró que la legislación afecta a los agricultores, ganaderos y mineros, y anticipó que incluso en las ciudades se tendrán que expedir nuevos reglamentos para regular el uso y captación de agua de lluvia, lo que constituye una violación grave a los derechos humanos.
Moreira lamentó que la reforma se votara sin consultar a los pueblos originarios, pese a que la Constitución, en su artículo 2°, obliga a hacerlo cuando se modifican normas que involucran tierra, medio ambiente o recursos naturales de comunidades indígenas. Señaló que Morena intentó justificar el proceso asegurando que se habían realizado consultas previas, pero ninguna de ellas correspondía al dictamen votado anoche.
El legislador priista denunció que el dictamen llegó al Senado milagrosamente elaborado, con más de seiscientas páginas, y que se aprobó sin posibilidad real de que los senadores lo leyeran. Recordó que mientras la Cámara de Diputados concluyó trabajos a las tres de la tarde, el Senado comenzó la votación apenas dos horas después, en lo que calificó como un procedimiento apresurado y carente de deliberación democrática.
Rubén Moreira explicó que las inconformidades sociales responden a que la ley afecta directamente los intereses de productores agrícolas, ganaderos y campesinos. Entre los puntos más polémicos destacó el artículo 22, que establece que las concesiones de agua no podrán transmitirse, venderse ni heredarse sin un procedimiento complejo y lleno de requisitos, lo que elimina la certeza jurídica y protege a las grandes empresas, pero no a los pequeños productores.
También criticó que se hayan usado argumentos engañosos para justificar la reforma, como señalar supuestos abusos en concesiones de agua por parte de políticos de oposición, cuando hay legisladores de Morena que tienen más concesiones. Agregó que se mencionó a refresqueras y cerveceras como ejemplo de mal uso del agua, pero sin explicar por qué, si están en regla, se les incluye en el debate, o por qué, si no lo están, no se les sanciona conforme a la ley.
Rubén Moreira advirtió que la reforma incluso tipifica delitos que podrían afectar a productores por simples errores, como trasladar agua entre parcelas o propiedades familiares, conductas que ahora podrían acarrear penas de cárcel.
Aunque la reforma ya fue aprobada por el Congreso y será promulgada por la presidenta, el diputado señaló que aún queda una vía: llevar el caso a la Suprema Corte para evidenciar que no hubo una deliberación democrática real y que el Senado votó sin leer el documento. Afirmó que los pueblos originarios presentarán recursos para exigir una consulta válida.
Finalmente, el legislador recordó que los efectos económicos no se sienten de inmediato, pero se acumulan con el tiempo.
GR
