La senadora del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Anaya, advirtió que el país cierra el año con un Congreso dominado por una lógica autoritaria, caracterizada por decisiones unilaterales, falta de diálogo y reformas que debilitaron las instituciones democráticas y el Estado de derecho.
En entrevista para Informativo NTR con Alberto García Sarubbi, la legisladora señaló que desde septiembre Morena y sus aliados cuentan con una “megamayoría” que les ha permitido legislar sin consensos, aprobar reformas de manera apresurada y, en algunos casos, violando los propios procedimientos parlamentarios. Criticó particularmente las modificaciones al Poder Judicial, a la Ley de Amparo y al Código Fiscal, las cuales podrían derivar en un escenario de terrorismo fiscal el próximo año.
Anaya subrayó que diversos sectores sociales intentaron frenar reformas que consideraron perjudiciales sin éxito, con excepción del sector agropecuario. Destacó que la movilización nacional de productores del campo logró modificar aspectos clave de la Ley de Aguas, demostrando que la presión social organizada puede incidir incluso frente a una mayoría legislativa dominante. Consideró este caso como una lección para otros sectores que optaron por el silencio ante reformas que los afectan.
De cara al próximo periodo extraordinario y a la anunciada reforma electoral, la senadora alertó sobre riesgos para la democracia mexicana. Señaló que se pretende debilitar al Instituto Nacional Electoral, desaparecer organismos electorales locales y reducir la representación de las minorías, lo que pondría en entredicho la pluralidad política y la posibilidad real de alternancia en el poder.
Sobre la llamada “ley esposa”, impulsada en algunos estados, Claudia Anaya la calificó como una expresión de la disputa interna por el poder dentro de Morena. Afirmó que se trata de iniciativas con nombre y apellido que no fortalecen los derechos políticos de las mujeres, sino que responden a intereses particulares. Si bien defendió las acciones afirmativas de género, advirtió que estas deben ser generales, impersonales y de aplicación nacional, y no diseñadas para beneficiar a personas o grupos específicos.
Finalmente, la senadora insistió en que cualquier reforma electoral debe construirse pensando en la ciudadanía y no en los partidos ni en quienes detentan el poder.
GR
