La comunidad indígena de Mezquitán reprochó que el 2025 terminó y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) continúa sin cumplir el pago por la ocupación de tierras del poblado para la carretera a Saltillo.
Por medio de un pronunciamiento, recordó que el adeudo se originó desde hace más de 21 años y que a la fecha se mantiene pese a órdenes de tribunales, lo que calificó como un acto reiterado de desacato a la autoridad judicial.
“El incumplimiento persiste incluso después de que 2025 fuera declarado el ‘Año de la Mujer Indígena’, periodo en el que los comuneros esperaban que el gobierno federal saldara la deuda histórica. Sin embargo, al cierre del año, la SICT mantiene el retraso, lo que ha profundizado el agravio entre mujeres, hombres y adultos mayores de la comunidad”, señala el texto.
La comunidad recordó que fue en 2004 cuando entregó una superficie de 26.93 hectáreas para la ampliación de la carretera federal; no obstante, a más de 20 años de lo ocurrido la dependencia federal no ha cubierto el pago correspondiente pese a haber firmado convenios y a que tribunales ordenaron mediante sentencia el cumplimiento conforme a valor actualizado.
“La propiedad de estas tierras data de hace 335 años, con reconocimiento virreinal desde 1690 y ratificación mediante resoluciones presidenciales, actas de posesión, deslindes técnicos y títulos de bienes comunales plenamente vigentes y sin oposición legal”, añadió la comunidad indígena.
El poblado reconoció que recientemente funcionarios de la SICT presentaron una propuesta de pago; sin embargo, recalcó que fue rechazada por no ajustarse a lo ordenado en las sentencias agrarias ni a lo establecido en la Ley Agraria al omitir la actualización de los valores comerciales.
Ante la falta de cumplimiento “y los reiterados requerimientos judiciales ignorados por la dependencia”, la comunidad avisó que el próximo 25 de enero, durante su asamblea mensual, se analizará la situación y definirá nuevas acciones legales y sociales. Entre las medidas previstas está el inicio de procedimientos de responsabilidad administrativa y legal contra funcionarios públicos por obstrucción de la justicia y desacato a las órdenes de los tribunales.
“Los comuneros exigieron la ejecución inmediata y eficaz de las sentencias agrarias, al advertir que el prolongado incumplimiento no solo vulnera sus derechos como pueblo originario, sino que representa un grave precedente de desobediencia institucional frente a resoluciones judiciales firmes”, concluye el pronunciamiento de Mezquitán.
jl/I
